Colombia es un país con pésima reputación  y mucho me temo que ella no sea inmerecida. ¿Cómo podemos pretender una buena imagen en el exterior si además de ser el primer productor y traficante de cocaína, somos el país con mayor número de secuestros, el segundo en asesinatos y el tercero en grados de corrupción? Además compartimos con Siria, Irak, Cuba y China y la antigua Yugoeslavia el triste calificativo de ser el país donde más violaciones se registran a los derechos humanos.

Las estadísticas difundidas por diversas ONG y acogidas como veraces por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dan cuenta de que el 73% de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colombia corren por cuenta de los grupos paramilitares y un 5% por militares y policías, y en la medida en que se ha sostenido que los primeros actúan en connivencia con la Fuerza Pública el Estado resultaría responsable en un 78% de tales atropellos. Esta es la impresión que comparte la comunidad internacional, incluyendo en ella a los gobiernos norteamericano y de la Unión Europea.

¿Qué tan fiables son estas estadísticas y las denuncias que las acompañan? 
Muy pocos se lo preguntan, simplemente las dan por  ciertas o ignoran de dónde provienen. O bien dan crédito a las ONG que las difunden, muchas de ellas muy conocidas internacionalmente como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. En el exterior se considera generalmente que las coincidencias registradas entre el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado y los de las organizaciones atrás mencionadas son fruto de investigaciones paralelas, lo cual obviamente parece fortalecer sus conclusiones y denuncias, todas ellas agobiantes para Colombia.

Según el informe del Departamento de Estado divulgado en 1999, "las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo numerosos y serios abusos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, a un ritmo similar al de 1998". Human Rights Watch llega a idéntica conclusión. Los dos  informes aseguran además que altos oficiales del ejército cooperan con paramilitares.

Naturalmente estas denuncias coincidentes han provocado inquietudes en la prensa y en el Congreso de los Estados Unidos. "El Ejército
colombiano ligado a abusos", era el título de un comentario editorial del influyente The Washington Post. Diarios europeos tan respetables
como Le Monde o El País de España dieron crédito a estos informes asegurándoles una amplia difusión.

Fábricas de infundios

Nadie en el ámbito internacional se ha tomado, sin embargo, el trabajo de averiguar de dónde salen estas acusaciones. Porque ni el Departamento de Estado ni Human Rights Watch o Amnistía Internacional realizan directamente en Colombia investigaciones de campo. Se limitan a reproducir los informes de algunas ONG cuyos  objetivos y fachadas consideran muy respetables y a tomar nota de los cargos contra los militares recogidos por la llamada Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Nunca escuchan a los sindicados. De antemano los consideran culpables.

Las ONG colombianas como el Centro de Investigaciones y Educación Popular, CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas y el Comité
Intercongregacional Justicia y Paz, que en buena parte son responsables de estos informes, no son ni tan objetivas ni tan inocentes como
parecen. La primera, financiada por la Compañía de Jesús, está integrada por sacerdotes cercanos a la Teología de la Liberación para la
cual la condición de los pobres en el continente hace legítima la opción revolucionaria. En su folleto de presentación, esta ONG no tiene
reparo en declarar: "El Cinep combina elementos del socialismo así llamado científico con elementos del socialismo asociativo". No
olvidemos que el socialismo científico es la definición ideológica que Marx y Engels le dieron al comunismo para diferenciarse de los
socialistas utópicos. Es la misma que se da a sí mismo el castrismo y los movimientos comunistas de todo el mundo, incluyendo a las Farc y al Eln. ¿Qué tan objetiva puede ser una ONG que comparte los principios y objetivos de la guerrilla colombiana?

Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas está conformada por abogados cercanos al Partido Comunista Colombiano. Pertenece a las ONG de América Latina y del Caribe que en la llamada Declaración de Quito pidieron que "no se hiciera extensivo el calificativo de
terrorismo a los actos de rebeldía de los pueblos contra los gobiernos". Y ésta, la de rebeldes políticos, es precisamente la condición que
reivindican para sí mismas las organizaciones guerrilleras de Colombia  cuyos métodos de lucha –asaltos, secuestros, minas quiebrapatas, bombas– quedan exonerados del calificativo de terroristas para ser vistos sólo como justificables actos de rebeldía. Esta ONG, adscrita a la Comisión Internacional de Juristas, cumple un papel de órgano consultivo de las Naciones Unidas, lo que le confiere un viso de  respetabilidad.

Justicia y Paz, ONG dirigida por el sacerdote Javier Giraldo Moreno,  va por igual camino. Con su lista de infundios, muchos de ellos denunciados por mí, podrían llenarse dos libros. Me detengo en un solo caso: el del municipio de Carmen de Chucurí cuyo calvario tres
periodistas colombianos –el recientemente fallecido Manuel Vicente Peña, Juan Carlos Pastrana, hermano del actual presidente de la  república, y el suscrito– hemos estudiado debidamente. Tal vez lo ocurrido en esta población permita entender por qué los derechos humanos han sido utilizados entre nosotros como una arma de confrontación.

Carmen de Chucurí es una aldea que vivió durante 30 años bajo la dominación de la guerrilla. Allí nació Gabino, actual jefe del Eln. En
una de sus veredas murió en combate el cura guerrillero Camilo Torres. Durante tres décadas, los campesinos dieron hijos suyos a la
guerrilla, trabajaron gratis un día a la semana para ella y se sometieron a un intenso adoctrinamiento. Hablaban con propiedad de la plusvalía y de lucha de clases.

Un día llegó a hacerse cargo del puesto militar un joven oficial, el capitán Germán Pataquiva. Es un militar a quien conozco muy bien.
 Ferviente católico, a los 18 años no sabía si entrar al seminario o al Ejército, y cuando optó por lo último la tomó como un apostolado.
 Estudioso, ha hecho suya la divisa china de que "lo sutil vence a lo fuerte". Sostiene que la guerrilla es una rama del árbol frondoso de la
 subversión y que la manera más eficaz de impedir que prospere es cortando sus raíces, o sea el sustento popular. Al llegar, Pataquiva
 descubrió que estaba en tierra enemiga. Nadie le devolvía un saludo en la calle. Las muchachas que se convertían en novias de los soldados eran ajusticiadas por la guerrilla. El párroco Bernardo Marín, amigo de los guerrilleros, se negaba a darles la comunión a los soldados.

Pacientemente, Pataquiva puso a su tropa no a combatir sino a hacer parques, caminos, salas comunales, escuelas. Se hizo amigo del alcalde Alirio Beltrán aún a sabiendas de sus nexos con la guerrilla. Se dedicó a visitar campesino por campesino y a resolverles sus problemas. "Llegó un momento en que todos me debían un favor", dice. El Eln, considerando que el alcalde se había dejado lavar el cerebro, lo citó al campamento del frente Capitán Parmenio y lo mató. Su cadáver fue encontrado sin uñas y con las piernas quemadas con ácido. Fue la gota que desbordó el vaso. El pueblo se sublevó contra el Eln. Estaba fatigado de impuestos, de adoctrinamiento y sobre todo del reclutamiento forzado de muchachos y de muchachas.

Y la historia que sigue la viví de cerca: la guerrilla voló puentes y acueducto, quemó camiones de cacao y sembró de minas quiebrapatas
las fincas. Por culpa de esas bombas hay muchos jóvenes y mujeres sin piernas en el pueblo.

Cuando el terror no pudo doblegar a Carmen de Chucurí, la subversión puso en marcha contra el Capitán Pataquiva la mejor de sus armas: la guerra jurídica. Testigos falsos y con protección de identidad fueron movilizados por organizaciones de derechos humanos como Justicia y Paz para inundar de falsas denuncias la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y toda suerte de organizaciones internacionales. Desde entonces, Germán Pataquiva ha vivido un calvario. Ha sido acusado de 147 homicidios, intimidación, terrorismo, torturas y desapariciones. Fue detenido por agentes del DAS e interrogado por fiscales sin rostro. Y nunca se le ha podido comprobar nada, por la simple razón de que nada de eso es cierto. Ha salido indemne de 10 investigaciones. Y no obstante, en informes publicados en el exterior, como el libro Terrorismo de Estado, estos cargos son dados por ciertos.

Todo indica que las ONG internacionales han dado crédito a los informes de Justicia y Paz, en los cuales señala como paramilitares a
los alcaldes de Carmen de Chucurí Jairo Beltrán y Timoteo Rueda, así como a quienes nos hemos ocupado de divulgar la verdad sobre este caso: el general en retiro Álvaro Valencia Tovar, el periodista Manuel Vicente Peña y yo mismo. Sobra advertir que ninguno de los
mencionados hemos tenido relación alguna con las Autodefensas Campesinas u otra organización paramilitar, ni hemos escrito nada que
pudiese resultarles favorable. No obstante, tomando como base el informe del padre Giraldo, el Eln atentó contra mi vida enviándome el
24 de marzo de 1999 un libro bomba, y en la carta enviada a los medios para justificar esta llamada por ellos "acción militar de castigo"
se me sindica de "ideólogo y propagandista de las políticas y violencia paramilitares".

 La guerra jurídica 

En síntesis, Justicia y Paz pasa por alto los horrendos atropellos a los derechos humanos perpetrados por la subversión en Carmen de
Chucurí y, en cambio, acusa de haberlos violado a personas inocentes.
¿Por qué deforma tan flagrantemente la verdad?, ¿a qué fines responde esta campaña?, ¿por qué esos informes tendenciosos son acreditados por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch?, ¿por qué también el Departamento de Estado los da por ciertos?

Para responder a la primera pregunta, debo decir que la estrategia desarrollada por la subversión ha sido definida por sus dirigentes como la "combinación de formas de lucha". La más obvia es la que cumple su  aparato militar siguiendo las pautas de la guerra. En el plano económico, sus fuentes de financiación son el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Pero todo eso no es sino la parte más conocida de su poder. La estrategia que desarrolla en el campo político pertenece  a lo que el general Adolfo Carvajal, analista del fenómeno guerrillero, llama la "dimensión desconocida". Se trata de una verdadera guerra  psicológica y jurídica cuyos medios más usuales son los siguientes:

a)  La manipulación que hace del tema de derechos humanos para  convertirlos en arma de guerra. Para ello se vale de varias ONG de
su misma inspiración ideológica cuya labor es "empapelar" militares (hay más de 3.000 procesos en curso), valiéndose de testigos falsos
o sin rostro, obligando a los oficiales a rendir indagatorias, explicar sus actuaciones y pagar abogados, creando en ellos un efecto
altamente desmoralizador.

b) La presión para obtener que ni legal ni constitucionalmente se expidan leyes o normas que hagan más eficaz la acción antisubversiva.

c)  La infiltración en el poder judicial y en importantes entidades de fiscalización e investigación como son la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y, en menor grado, la Procuraduría.

La manipulación de los derechos humanos a través de las ONG y la  infiltración de funcionarios proclives a la subversión en la Fiscalía, especialmente en la Unidad de Derechos Humanos, ha permitido abrir procesos y en ocasiones dictar medidas de aseguramiento contra altos oficiales del Ejército y entre ellos, y no por casualidad, los que más éxitos y más efectividad demostraron en la lucha antisubversiva. los generales Farouk Janine Díaz, Rito Alejo del Río y Fernando Millán  han sido víctimas de toda suerte de infundios y montajes. Después de haber sido varias veces condecorados por el Ejército de Estados Unidos, la embajada de ese país les retiró las visas "por actividades
terroristas", pese a haber sido liberados de cargos por las autoridades judiciales en Colombia.

Mientras la prensa colombiana ha guardado silencio frente a este  estrambótico desafuero, ha sido una periodista del Wall Street Journal,
Mary Anastasia O´Grady, la que ha salido en defensa de los tres generales. "Entrometido como está, Estados Unidos no compromete
recursos, tiempo o voluntad política para investigar cuáles de estos alegatos son realmente creíbles –escribió la periodista–. Con un solo
empleado de tiempo completo en la oficina de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos de Bogotá, el Departamento de Estado se apoya en gran medida en los testimonios de las ONG. Y aunque un gran número de estas organizaciones no gubernamentales han expresado abiertamente que apoyan la política guerrillera, y demostrado una tendencia a reciclar acusaciones viciadas o ya desmentidas, Estados Unidos no cuestiona su veracidad".

Todo esto forma parte de una guerra jurídica en la que aparecen implicados funcionarios de la Fiscalía y organizaciones no gubernamentales. La secuencia es muy hábil: dichas ONG entregan su  informe a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá; al mismo tiempo se lo remiten a Human Rights Watch en Washington, organización que a su vez se lo entrega al Departamento de Estado. De modo que al recibir las mismas denuncias de dos fuentes aparentemente  distintas, éste las asume como ciertas y las difunde con el sello de su propia respetabilidad a los cuatro vientos, Y lo peor: el Gobierno colombiano actúa ante ellas como un asustadizo culpable que desea borrar pecados.

Lo grave del caso es que el señor José Miguel Vivanco, presidente de Human Rights Watch, marcha al compás del Cinep. Su libro sobre
Colombia Guerra sin cuartel, contiene los más escabrosos sofismas a favor de la guerrilla. Podría citar 50 pero me limito a uno solo.
Sostiene allí que acciones como la voladura de una central que suministra energía a una base militar no infringen el Derecho Internacional Humanitario. De modo que los atentados que están destruyendo la infraestructura energética no son actos terroristas sino legítimos actos de guerra. ¡Extraño concepto!

Nos hallamos, pues, ante un montaje de grandes dimensiones, gracias al cual principios muy valiosos para la comunidad internacional son utilizados en Colombia como un arma de la confrontación a favor de la subversión y en contra de las Fuerzas Militares. Con infundios, los alzados en armas y sus amigos embozados dentro de las ONG, la Fiscalía y otros órganos del Estado han estado ganando la guerra jurídica. Sería hora de que el país, a través de sus misiones diplomáticas y de las ONG realmente imparciales, hiciera frente a estas manipulaciones. La verdad y sólo la verdad sería su mejor arma. Y no es lo que se ha hecho hasta ahora. 
Reproducido con autorizacion de Revista Cambio