Deseo expresar mi agradecimiento a varias personas que me han inspirado y ayudado en el desarrollo de esta invetigación. Me siento agradecido por el asesoramiento y ayuda del Dr. Gordon McCormick, mi asesor de investigaciones. Asimismo, deseo expresarle mi agradecimiento a Jennifer Duncan, Robert Allgood, Dee Taylor y Sharon Nell, Directora de Programas, Recursos y Evaluaciones, Oficina de Política y Apoyo al Control de Drogas, Oficina del Secretario de la Defensa Adjunto, Operaciones Especiales/Conflictos de Baja Intensidad, y a su personal. Un agradecimiento especial para el ex Jefe de la Policía de San José, California, el Sr. Joseph D. McNamara. Y la última en orden pero no en importancia, mi esposa Glenda, por su apoyo incansable.

La gran mayoría de dichas operaciones de contingencia se tornaron en iniciativas a largo plazo fuera de las fronteras del territorio continental de Estados Unidos. El resultado de dichos compromisos es un incremento dramático en el ritmo de las operaciones para todos los combates, servicios de combate y personal y equipo de apoyo de combate. Este desgaste en los recursos ha surtido un grave efecto en la capacidad del DoD de mantener los niveles de apresto de combate, financiar la modernización de la fuerza y respaldar el desarrollo futuro de los sistemas de armamento.

Estados Unidos tiene que ajustar, moldear y administrar sus fuerzas más eficaz y eficientemente para poder cumplir con los retos fundamentales en la estrategia de la defensa. No obstante, la misión primordial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es "disuadir y, de ser necesario, combatir y ganar conflictos en los que nuestros intereses vitales se ven amenazados".³

La Estrategia Nacional para la Seguridad define claramente cuando se deben emplear las fuerzas militares. Para los intereses vitales "el uso de la fuerza será decisivo y, de ser necesario, unilateral".⁴ Si la amenaza es algo menos que vital, entonces:

"las fuerzas militares sólo se deben emplear si fomentan los intereses de Estados Unidos, si es probable que logren sus metas, los costos y los riesgos de su empleo son cónsonos con los intereses en juego y otros medios no militares son incapaces de lograr nuestros objetivos. Dichos usos de las fuerzas militares deben ser selectivos y limitados, reflejando la importancia de los intereses en juego"^.5

1. ¿Hemos explorado o agotado medios no militares que brindan una oportunidad razonable para lograr nuestras metas?

2. ¿Hay una misión claramente definida y que se puede lograr?

3. ¿Cuál es el ambiente de la amenaza y cuáles riesgos enfrentarán nuestras fuerzas?

4. ¿Qué nivel de esfuerzo se necesitará para lograr nuestros objetivos?

5. ¿Cuáles son los posibles costos—humanos y económicos—de la operación?

6. ¿Cuáles son los costos de oportunidad desde el punto de vista de conservar nuestra capacidad para reaccionar a contingencias de más prioridad?

7. ¿Contamos con metas y un objetivo final deseado para guiar una decisión con respecto a terminar la misión?⁶

El abuso de las drogas no es nada nuevo para la sociedad estadounidense. Desde su creación, los ciudadanos de Estados Unidos han consumido y abusado de las drogas, tanto legales como ilícitas. Los primeros colonos europeos cambiaban alcohol por tabaco (y su derivado sumamente adictivo—la nicotina) con los indios que les daban la bienvenida. El consumo de cocaína comenzó en Estados Unidos a mediados de los años 1830 y se usó más prominentemente entre 1890 y 1915. Para la década de los años 1930, el consumo de cocaína disminuyó hasta casi extinguirse y permaneció en los márgenes del panorama estadounidense de las drogas por más de cuatro décadas.⁷

La primera epidemia de cocaína en Estados Unidos se extendió aproximadamente 40 años antes de que casi se desvaneciera en la década de los años 1930.⁹ Según la Junta Central Permanente de Narcóticos de las Naciones Unidas, los decomisos de la cocaína ilícita en el ámbito mundial fueron de un promedio de sólo siete kilogramos (15.4 libras) entre 1958 y 1962.¹⁰

Joseph Spillane sugiere varias teorías de reducción de ofertas responsables del casi total desaparecimiento de la cocaína durante los años 1920. Algunos investigadores opinan que dicha reducción fue a causa de una disminución en la demanda del consumidor. Otros opinan que el consumo de la cocaína disminuyó a causa del efecto ocasionado por las leyes restrictivas (Ley Harrison de Narcóticos, 1914). Otros investigadores opinan que el acatamiento a leyes más estrictas, que restringieron las redes de distribución, aumentó los costos al punto de que otras drogas se convirtieron más económicas y más accesibles. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial afectaron, en gran medida, la distribución internacional que afectó de manera negativa la oferta de la cocaína y la heroína. Además, la investigación de Spillane sugiere que los proveedores legales de cocaína emigraron sus productos a mercados menos regulados fuera de Estados Unidos donde era más fácil venderla tanto legal como ilegalmente.¹¹ Lamentablemente, nada en la investigación de Joseph Spillane describe en conclusión por qué la cocaína prácticamente desapareció del "bajo mundo" de Estados Unidos por cuatro décadas.

De igual manera, no hay un estudio definitivo que pruebe que el enfoque de una reducción de la demanda le dio fin a la primera epidemia de cocaína. La cocaína no representaba la necesidad médica que antes tenía cuando sintéticos como la eucaína (primero introducida y producida por la compañía europea Schering & Glatz en 18896) y la procaína (producida por la Farbwerke Hoescht Company bajo el nombre de fábrica Novocaína) se convirtieron en sustitutos médicos populares.¹²

Haber cambiado la opinión pública de una de tolerancia silenciosa a una de horror puede haber reducido la demanda. Los prohibicionistas y los grupos misioneros cristianos incorporaron el abuso de las drogas en sus campañas anti alcohólicas. Dichos grupos cabildearon enérgicamente publicando los peligros de la cocaína al público en general. La imagen popular de un "cocainónamo" depravado destruyó completamente un mercado importante en coca de baja potencia y preparaciones de cocaína.¹³

Los grupos prohibicionistas persuadieron al Congreso que catalogara de fugitivos a los consumidores de drogas. Grupos religiosos tales como las Sociedades Misioneras Protestantes (Protestant Missionary Societies) en China, el Sindicato de Mujeres Cristinas (Women’s Christian Temperance Union) y la Liga Anti Taberna (Anti-Saloon League) convencieron al Congreso que catalogara de fugitivos a los consumidores de drogas.¹⁴ Antes de este movimiento, el consumo de drogas era considerado un problema médico. El haberle dado un carácter "criminal" a la toxicomanía detuvo el tratamiento médico para la mayoría de los toxicómanos y fomentó una economía de mercado negro lucrativa para apoyar los hábitos de drogas "ilegales". Irónicamente, las sanciones no erradicaron el consumo de las drogas, tan sólo lo convirtieron en un delito.¹⁵

Joel Phillips y Ronald Wynne sugieren que otras drogas, en particular la anfetamina, reemplazaron el abuso de la cocaína.¹⁶ Tres drogas unidas históricamente a la cocaína son la cafeína, la anfetamina y la heroína.

La cafeína era un componente importante de las "colas", incluso antes de que se extrajera la cocaína de ellas. Harvey Wiley, encargado de administrar la Ley de Alimentos y Drogas Puras (Pure Food and Drug Law) de 1906, ordenó una investigación con respecto al consumo de bebidas no alcohólicas. Su estudio fue una iniciativa para probar la naturaleza dañina de la cafeína. Él descubrió que los niveles de consumo de bebidas que anteriormente eran tratadas con cocaína permanecían igual cuando los niveles de cafeína eran estables o aumentaban. Su estudio fue concebido para mostrar cuán peligrosa es la cafeína como droga adictiva. Sus hallazgos nunca le llamaron la atención a la imaginación del público americano.¹⁷

Si bien la cafeína rara vez ha sido considerada un reemplazo de la cocaína, otros estimulantes pueden ser la respuesta. La anfetamina, introducida por primera vez a Estados Unidos en la década de los años 1930, es considerada por varios investigadores de drogas como la razón principal de la disminución de la popularidad de la cocaína durante esa época.¹⁸

Sustituir un estimulante por otro es una noción popular entre los médicos y científicos del por qué los narcómanos prefieren una droga en lugar de otra. La cocaína cayó en desuso y experimentó una investigación minuciosa al mismo tiempo que las anfetaminas fueron desreguladas y ni aún eran consideradas "prohibidas".

Asimismo, a fines de las décadas de los años 1960 y 1970 el uso de la cocaína volvió a surgir. La popularidad de la cocaína aumentó cuando las campañas de los medios de comunicación destacaban los peligros del consumo de anfetaminas. Los anuncios advirtiéndole a la juventud estadounidense que "los estimulantes causaban la muerte" disminuyeron el apetito por las anfetaminas y la "coca" se popularizó nuevamente.¹⁹

Se calcula que, en 1962, cuatro millones de estadounidenses probaron una droga ilegal. El Presidente John F. Kennedy convocó la primera Conferencia de la Casa Blanca sobre Narcóticos y Toxicomanía. Durante la Administración Nixon el uso indebido de drogas pasó a ser de una inquietud a una "guerra" cuando en 1971 se creó la Oficina de Acción Especial para la Prevención de la Toxicomanía (Special Action Office for Drug Abuse Prevention). En 1973, el Presidente Nixon estableció la Administración de Control de Drogas (DEA) y le otorgó un presupuesto de US$70 millones.²¹

En 1972, las iniciativas de las agencias policiales desmantelaron las rutas principales del contrabando de drogas entre Francia y Estados Unidos. Al romper la "Conexión Francesa", los sindicatos criminales en América del Sur, principalmente en Colombia, surgieron a la supremacía en cuanto a la entrega y producción de drogas ilegales hacia los Estados Unidos. Estas nuevas organizaciones criminales introdujeron la cocaína hacia los Estados Unidos en una escala masiva. Esta nueva infusión de drogas desencadenó el crimen y la violencia en las calles del país. Este aumento en el crimen fue tan alarmante que el público exigió que se aumentaran los números de agentes policiales.

En 1986, el Congreso aprobó la Ley contra la Toxicomanía, otorgándole al Poder Ejecutivo más autoridad para luchar contra el problema de las drogas que cada vez era mayor.²² A las Fuerzas Armadas se les hizo un llamado a que participaran en la "guerra contra las drogas" cuando el Presidente Ronald Reagan, en 1986, firmó la Directiva de Decisión de Seguridad Nacional (NSSD) Número 221 en la que se refería al narcotráfico internacional como "una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos". Esta orden presidencial expandió las agencias del control de drogas para incluir a los Departamentos de Defensa, del Tesoro, de Transporte, de Justicia y del Estado. También le otorgó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) un rol en las operaciones contra las drogas.²³

En 1989, la Ley de Autorización de Defensa Nacional se convirtió en ley pública. El Departamento de Defensa se convirtió en la única agencia principal responsable de detectar y vigilar el tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, además de otras numerosas responsabilidades.²⁴

En la actualidad los sindicatos del crimen organizado en Colombia, México y otros países controlan el tráfico ilegal de drogas. Estos carteles de drogas producen y distribuyen, a una escala sin precedentes, la heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana y otras substancias ilegales.

Estos traficantes han desarrollado organizaciones criminales sumamente complejas para frustrar las iniciativas de las agencias policiales locales, estatales y nacionales. Ellos emplean grandes números de personas para producir, enviar y distribuir las drogas ilegales. Además, contratan cientos de personas, quizás miles, para lavar dinero, proveer comunicaciones y seguridad y reclutar reemplazos. En vista de que los narcotraficantes cuentan con presupuestos casi ilimitados, pueden comprar aviones, botes, vehículos, radares, equipo de comunicaciones y armamento de tecnología avanzada.²⁵ Muchas de estas organizaciones criminales cuentan con presupuestos y equipo que sobrepasan los recursos de muchos países pequeños.

Según la Encuesta Nacional por Hogares sobre el Uso Indebido de Drogas (National Household Survey on Drug Abuse) de 1999, se calculaba que había 87.7 millones de estadounidenses que habían consumido o consumían drogas ilegales.²⁶ En los siguientes capítulos se mostrará por qué un cumplimiento de la ley más estricto y una participación más activa por parte de los militares no pudo vencer el tipo de ímpetu en el mercado que es intrínseco del contrabando de drogas.

Fuente: Oficina Ejecutiva del Presidente, Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), Drug Policy Information Clearinghouse, abril de 1999.

Desde 1980 hasta el año 2000, el Presupuesto Federal total para las drogas aumentó de US$1.0 mil millones a US$18.5 mil millones. El presupuesto total del Departamento de Defensa para el control de drogas aumentó de US$501.6 millones en 1989 a US$1.159 mil millones en el 2000.²⁹ Sin embargo, el costo para los militares fue mucho más alto porque el programa antidroga del DoD responde por todos los recursos antidroga afines, salvo los costos de personal del componente militar activo. Dichos costos se absorben dentro del presupuesto total del DoD.³⁰ Por lo tanto, las contribuciones reales del DoD al programa antidroga son mucho mayores que la cantidad que aparece en los informes oficiales del gobierno.

Según las estadísticas del gobierno³¹, los arrestos relacionados con las drogas aumentaron (de 24.652 en 1988 a 40.383 en 1999), los decomisos de laboratorios de metanfetamina aumentaron (de 810 en 1988 a 2.155 en 1999), y los decomisos de marihuana y metanfetamina aumentaron (marihuana: 148.647,2 kg en 1990 a 338.297,3 kg en el 2000; metanfetamina: 751.5 kg en 1990 a 2.232,1 en el 2000), mientras que los decomisos de drogas disminuyeron para la heroína y la cocaína (heroína: 638.6 kg en 1990 a 534.9 kg en el 2000). Toda esta actividad ocurrió mientras que el precio por gramo de las drogas ilegales disminuyó y la pureza para la mayoría de las drogas ilegales aumentó (véase Tabla 1).

Además, alguien en los Estados Unidos es arrestado por violación de drogas cada 30 segundos. Estados Unidos cuenta con un 1/22avo de la población mundial y de los prisioneros del mundo. Como promedio, una prisión nueva es construida semanalmente en los Estados Unidos a causa de los numerosos arrestos y periodos largos de encarcelamiento.

El gobierno de los Estados Unidos vigila y analiza grandes cantidades de datos relacionados con las drogas. Pero no vigila los datos importantes relacionados con las drogas. El gobierno no conoce la cifra de narcómanos crónicos que hay en Estados Unidos en la actualidad. No conoce la verdadera disponibilidad de drogas ilegales en las ciudades principales del país. El gobierno no conoce las cantidades o el promedio de envíos de drogas ilegales provenientes de los países fuentes o abastecedores. El gobierno y sus agencias no conocen la cantidad de cultivos y de producción nacional de drogas ilícitas.

Sin embargo, en virtud de todos estos hechos, tanto los conocidos como los desconocidos, el General del Ejército (jubilado) Barry McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, declaró en marzo de 2000 que "estamos ganando" nuestra lucha contra el uso indebido de drogas.³² ¿Qué es lo que está "ganando" el gobierno de Estados Unidos y qué papel desempeñan los militares en derrotar la toxicomanía en América?

La Estrategia Nacional para el Control de Drogas apoya la Estrategia Nacional para la Seguridad identificando las Metas y Objetivos para apoyar su "misión de reducir el consumo y la disponibilidad de las drogas y las consecuencias desastrosas".³⁵ La estrategia cuenta con 5 Metas y 31 Objetivos. En la figura 1 se ilustran los "Doce Blancos de Impacto Claves de la Estrategia para el Control de Drogas" y el porcentaje de reducción que esperan lograr. Esta estrategia sugiere que aproximadamente el 50% de las iniciativas de los Estados Unidos estarán encaminadas hacia la "demanda" (prevención y tratamiento), mientras que el otro 50% de la iniciativa atacará la "oferta" (aplicación de la ley e interdicción). En realidad, el gobierno ha gastado el 70% del presupuesto antidroga en la aplicación de la ley y la interdicción ("oferta"), y sólo un 30% de los recursos disponibles para la prevención y el tratamiento ("demanda"). Analizando las "Doce Metas de Impacto Claves de la Estrategia para el Control de Drogas", parece irreal que el gobierno de Estados Unidos y sus dependencias cumpla con las "metas" para el 2007. El rendimiento pasado y actual indica que la política y las medidas adoptadas por los Estados Unidos no llegarán a alcanzar los objetivos mencionados en la Estrategia Nacional para la Seguridad y en la Estrategia Nacional para el Control de Drogas.

Una estrategia excesivamente emprendedora contra las drogas no es nueva. Según la Estrategia Nacional de 1984 para la Prevención de la Toxicomanía y el Contrabando de Drogas, para 1995 América estaría "libre de drogas", gracias a la ayuda de interdicción de los militares. Las operaciones militares de interdicción debieron haber disminuido la oferta de drogas, aumentado los precios, disminuido ganancias y disuadido a los contrabandistas de entregar su producto.³⁶ ¿Por qué no han tenido éxito?

Las economías clásicas de "oferta" y "demanda" buscan un equilibrio. Esto significa que las cantidades de un producto "exigidas" por los compradores a un precio específico eventualmente serán iguales a las cantidades de un producto que los proveedores están dispuestos a vender a cierto precio. Dicho precio se convierte en el "precio de equilibrio en el mercado". Los precios suben y bajan con relación a la demanda del consumidor.

No obstante, el mercado de drogas ilegales reacciona diferente a los modelos económicos clásicos de "oferta" y "demanda". Por ejemplo, si el gobierno fuese capaz de interrumpir la oferta de cocaína lo suficiente como para crear un incremento significativo en su precio (algo que no ha podido hacer)³⁷, la demanda "básica" no cambiaría. En vista de la naturaleza adictiva de esta sustancia ilegal, los consumidores absolutos de cocaína o bien encuentran algún modo de financiar su hábito costoso, se enferman y buscan ayuda médica para la supresión de la adicción o encuentran un sustituto más económico. Para el cocainómano, la cocaína fumada es la opción más económica. Las personas adictas a las drogas ilegales "sufragan su hábito" indistintamente del precio.

Otro factor que a menudo se ignora al "combatir" las drogas ilegales es la ganancia. La ganancia obtenida por vender sustancias ilegales es tan alta que incluso los "allanamientos de drogas" más grandes tienen una capacidad limitada de amenazar las ganancias de los narcotraficantes. Los contrabandistas de drogas ilegales están dispuestos a perder hasta un 80% de su producto (que rara vez sucede) porque sus ganancias son sumamente altas. Si la estrategia nacional para disminuir la oferta estuviese funcionando, los decomisos de drogas resultarían en incrementos dramáticos en el precio de las mismas. Tal como se mencionó anteriormente, los precios de las drogas ilegales en EE.UU. son más bajos y la pureza es más alta que en ningún momento en la historia.

Por último, si las operaciones de Estados Unidos para disminuir la demanda tuviesen éxito, y los precios de las drogas ilegales aumentasen significativamente, el incremento en el precio y la ganancia atraería nuevos productores y proveedores al mercado. Este enorme potencial de ganancia crearía un incentivo para que más personas abastecieran drogas ilegales y, por lo tanto, aumentaría la demanda de que Estados Unidos llevase a cabo más operaciones antidrogas. Pero como hemos visto, el programa antidrogas de los Estados Unidos no ha tenido éxito.

Históricamente, los contrabandistas son expertos en utilizar la innovación y la sorpresa para ser mejores estrategas que sus adversarios. Los narcotraficantes de hoy en día son, por definición, contrabandistas. Son motivados por la ganancia para entregar su cargamento ilegal a mercados donde pueden recoger ganancias substanciales. En vista de que los contrabandistas son un negocio "por dinero", cuentan con incentivos para adaptarse rápidamente para mantener las ganancias. Las operaciones militares de interdicción ilustran cómo la adaptación del contrabandista le lleva la delantera a la iniciativa de la interdicción.

A mediados de la década de los años 1970, la droga principal que venía de América del Sur era la marihuana. Los métodos eran obvios. Grandes fardos de la droga eran enviados desde Colombia, por Cuba hacia la Florida. A medida que las operaciones de interdicción aumentaron, los narcotraficantes emplearon técnicas más complicadas para entregar su producto en el mercado.³⁸

Cuando los carteles cambiaron a la cocaína, su primer medio de transporte era por avión. A medida que la vigilancia y la interdicción aérea se convirtieron más eficaces, los narcotraficantes cambiaron su modus operandi a rutas más elaboradas e indirectas concebidas para evadir la intercepción, el decomiso y el encarcelamiento.

A fines de la década de los años 1980 y a inicios de los años 1990, el gobierno estadounidense adoptó una estrategia de bloquear el transporte aéreo de la pasta base de la cocaína y la cocaína "acabada" (clorhidrato de cocaína o HCI) dentro de las montañas de Los Andes y la Cuenca del Amazonas en Suramérica.³⁹ Esta estrategia empleó equipo de tecnología ultramoderna valorado en varios millones de dólares tales como radares, satélites y aviones de alto rendimiento para vigilar el movimiento de la cocaína y sus precursores. Los funcionarios gubernamentales estadounidenses consideraron esta "estrategia" como un éxito,⁴⁰ pero en realidad logró muy poco.

Según un informe de 1994 de la Contraloría General (GAO), los vuelos de drogas continuaron. Los narcotraficantes tan sólo modificaron sus estrategias para emplear menos vuelos, cargamentos más grandes, horarios nocturnos, cargas más rápidas del avión y más rutas indirectas. También utilizaron tecnologías nuevas, incluso aviones más fuertes y rápidos. Para evadir la vigilancia, volaron patrones en zigzag, imitaban el patrón de vuelo de los aviones comerciales legítimos y despegaban en grupos de tres que se dispersaban en rutas distintas. También corrompían a los funcionarios locales y las fuerzas de seguridad mediante recompensas y sobornos.⁴¹

En la actualidad, los carteles de las drogas transportan la gran mayoría de sus productos ilegales vía transporte comercial por tierra. Casi 500 millones de personas, 100 millones de vehículos y US$850 mil millones de dólares en mercancía transitan a través de las fronteras estadounidenses cada año.⁴² El Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) y otros acuerdos comerciales a lo largo del Hemisferio Occidental han convertido el contrabando (tráfico ilegal de drogas) en algo fácil, más difícil de detectar y más económico para el crimen organizado.

Tal como un investigador lo mencionó apropiadamente, "El comercio de las drogas gira en torno a principios Darwinianos—la supervivencia del más fuerte. Nuestra reacción de prohibición mediante la aplicación de la ley garantiza que se eliminen los narcotraficantes más torpes e ineficientes... Mediante este proceso de selección natural, estamos creando súper traficantes".⁴³ Además, los proveedores de drogas producen para el mercado lo que ellos hubiesen producido de todas maneras, suficientes cantidades adicionales como para compensar los decomisos previstos por parte del gobierno.⁴⁴ En vista de la capacidad y las ganancias excesivas, el interceptar suficientes cantidades de drogas es casi imposible.

Antes de que el DoD se convirtiera en la agencia principal para detectar y vigilar, la iniciativa era fortuita y no estaba coordinada. Las dependencias civiles que habían sido encomendadas anteriormente no contaban con los suficientes aviones y barcos para lograr la misión. El Pentágono pudo abastecer los recursos necesarios para llevar a cabo una vigilancia continua de las principales rutas del narcotráfico. A causa de que los militares percibieron esta nueva misión de la pos-Guerra Fría como una que proporcionaba publicidad y fondos, el alto mando del Pentágono, que alguna vez fue vacilante, adoptó la "causa" nueva y encausó recursos significativos de logística y planificación militar hacia la "conquista" de la amenaza de las drogas. El Pentágono empleó radares terrestres, radares aerostáticos atados, aviones con sistema de alerta temprana a bordo (parecidos a los AWAC) y barcos equipados con radar para vigilar y detectar cualquier avión o bote que transitaba ilegalmente en el Caribe y el este del Pacífico.

Hoy en día, la llamada "guerra contra las drogas" penetra cada nivel de la estructura del Departamento de Defensa. Desde el Secretario Adjunto de la Defensa para Operaciones Especiales/Conflictos de Baja Intensidad, al Estado Mayor Conjunto, Dirección de Operaciones, J-3, hasta los Planes de Participación en el Teatro de Operaciones para cada uno de los comandos combatientes regionales, las operaciones antidrogas son una misión no-militar clave para numerosos integrantes de las fuerzas armadas.

Según el testimonio del Comité de los Servicios Armados del Senado: "En cualquier día del año, 24 horas al día, contamos con nueve buques, 22 aviones... y 3.000 efectivos desplazados en el teatro. Empleamos alrededor de 4.000 días navegando y 38.000 horas de vuelo. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el equivalente que hubiésemos gastado durante un año en el desplazamiento de la Sexta Flota en el Mediterráneo—un compromiso substancial".⁴⁵

Durante el año fiscal 2000, el Departamento de Defensa gastó US$1.142⁴⁶ mil millones para apoyar cinco de las metas de la ONDCP. La contabilidad y la tabulación del dinero empleado para el control de las drogas en el presupuesto federal son sumamente complejas y causan confusión. Rara vez, las cifras de distintas fuentes gubernamentales suman. Por lo tanto, resulta extremadamente difícil determinar los costos y gastos "reales" del gobierno en las operaciones antidrogas. La ONDCP vigila los gastos según la cantidad de dinero que se gasta para lograr cada una de las "Cinco Metas" de su estrategia,⁴⁷ al igual que vigila las contribuciones por meta de cada agencia, por año.

Por ejemplo, según el Resumen de Recursos del Departamento de Defensa, en la página 35 de la "Estrategia Nacional para el Control de Drogas, Resumen del Presupuesto del Año Fiscal 2001", en el año fiscal 2000 se gastó US$572.115 millones en actividades de interdicción de drogas. No obstante, en la página 38 del mismo informe, se alega que US$434.1 millón se usó para actividades de interdicción en apoyo a la "Meta 4". Por lo tanto, otros US$38 millones se gastaron en otra parte para operaciones de interdicción que no apoyaban la Meta 4. De lo que sí podemos cerciorarnos de los documentos del gobierno, es que US$132.9 millones se gastaron durante el año fiscal 2000 para detectar, vigilar y vedar operaciones militares en apoyo a la "Meta 4: Proteger las Fronteras Aéreas, Terrestres y Marítimas de la Amenaza de las Drogas". Sin embargo, resulta difícil determinar de ese documento qué sufragó ese dinero.

Según los registros del gobierno estadounidense, uno de los recursos militares que se emplea para vedar a los contrabandistas de drogas son los radares reubicables transhorizonte (ROTHR) que funcionan desde Corpus Christi, Texas, y Cheasapeake, Virginia. Estos radares de la "Guerra Fría" fueron concebidos originalmente para brindar advertencia táctica a los comandantes de grupo de batalla de amenazas por aire y superficie a largas distancias. No obstante, hoy en día su función plena es para la vigilancia anti-narcóticos a un costo de US$33,88 millones al año (año fiscal 2000). Se espera que en el futuro cercano se instale un radar en Puerto Rico. En el año fiscal 2000 hay US$13.164 millones adicionales para ese sitio y US$14.938 millones para el año fiscal 2001. Cuando los tres radares estén en pleno funcionamiento, los gastos anuales serán de más de US$48.8 millones al año.⁴⁸

Este fondo también sufragó los once Sistemas de radar aerostáticos atados (TRAS) que costaron US$34.54 millones en el año fiscal 2000. Estos radares aerostáticos atados de gran altitud brindan información de inteligencia en las actividades de contrabando de drogas. Si bien son más económicos que las plataformas de vigilancia de aviones tripulados, estos radares no son eficaces en ciertas condiciones meteorológicas. No obstante, los contrabandistas de drogas conocen las limitaciones de los TRAS y se sabe que han llevado a cabo operaciones en condiciones meteorológicas inaceptables para los radares atados.

Además, el DoD gastó US$348.8 millones para actividades y apoyo de inteligencia para romper las fuentes de abasto nacionales y extranjeras.⁴⁹ Para todas las actividades antidroga, el DoD gastó US$1.159 mil millones para hacer lo posible por detener el torrente de drogas ilícitas que entran en Estados Unidos.⁵⁰

Los gastos totales del DoD quizás dupliquen esta cifra porque el Pentágono no incluye los salarios y raciones del personal militar en servicio activo que participa en las operaciones antidrogas.⁵¹ Por lo tanto, si sumamos el salario, las raciones, la desvalorización de material y equipo, los costos del combustible y todos los demás costos que no están incluidos, este programa le cuesta al contribuyente estadounidense más de US$2,3 mil millones al año.

Si bien US$2.3 mil millones es una cantidad de dinero significativa, no refleja el valor intangible de días de adiestramiento perdidos, al igual que el tiempo que se pierde trasladando personal y unidades de las ubicaciones de las operaciones antidrogas a las bases principales de adiestramiento. Estos días perdidos disminuyen el tiempo total disponible para las fuerzas militares para prepararse para sus tareas principales de combate y de apoyo de combate. A causa de que el Departamento de Defensa no informó los costos correctamente, los costos de oportunidad perdidos para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían ser mucho más elevados que esto. El impacto y las consecuencias negativas a largo plazo para el apresto y la preparación de la fuerza se desconocen.

No obstante, la cantidad de dinero actual que se gasta y la iniciativa son excesivamente inadecuadas, según el estudio que llevara a cabo el Departamento de Defensa en 1987 donde analizó la cantidad de efectivos que se necesitarían para asegurar las fronteras de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Los resultados de dicho estudio fueron informados al Congreso en la Revisión del Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de 1987. Sus hallazgos concluyeron que una fuerza suficiente para vedar y cerrar las fronteras estadounidenses a los contrabandistas de drogas necesitaría 96 batallones de infantería (aproximadamente de 500 a 900 efectivos por batallón), 53 compañías de helicópteros (de 15 a 30 helicópteros por compañía y aproximadamente 200 efectivos), 210 barcos patrulleros (tripulaciones de 30 a 120 dependiendo del tamaño y clase de barco) y 110 aviones de vigilancia (que podrían requerir de 6 a 11 escuadrillas con 100 a 300 efectivos por escuadrilla). En el informe se estableció que para vedar adecuadamente a los narcotraficantes, se necesitarían aproximadamente 500.000 efectivos y sus equipos acantonados permanentemente en la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, el informe sugiere que incluso a ese nivel de esfuerzo, sería un desperdicio de recursos en vista de que los narcotraficantes se aprovecharían de cualquier deficiencia en las "defensas" de la frontera.⁵²

Para poner en perspectiva el reto de la interdicción, tan sólo se necesitan 13 camiones con remolques de cocaína para satisfacer un año de la demanda en Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con 12.300 millas de costa, 300 puertos de entrada y más de 7.500 millas de frontera con México y Canadá.⁵³ Se calcula que del 55 al 70% de las drogas ilícitas entran a Estados Unidos por la frontera mexicana.⁵⁴

El General del Ejército (jubilado) Barry McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, testificó ante el Congreso que "el flujo de drogas a lo largo de la frontera sudoeste no se ha reprimido significativamente a pesar de los éxitos tácticos que han ocasionado cambios en las rutas y técnicas de contrabando".⁵⁵ En otras palabras, detener drogas en la frontera es matemáticamente imposible.

La Contraloría General ha destacado en sus informes que las fuerzas armadas, que provee recursos significativos de vigilancia e inteligencia, también trae consigo una etiqueta de precio al contribuyente estadounidense que está fuera de proporción con los resultados alcanzados. Según un estudio del GAO, el sistema AWACS E-3 de la Fuerza Aérea tiene un costo de operación directo de aproximadamente US$4.200 por hora, y los gastos generales fijos aumentan el costo a casi US$10.000 por hora.⁵⁶ Los gastos en las actividades de vigilancia y los análisis de inteligencia relacionados se han multiplicado, "a pesar de la falta de objetivos explícitos", según la Contraloría. Como resultado, el costo del programa está "fuera de proporción con los beneficios que ofrece".⁵⁷ En general, los costos operacionales de los aviones de vigilancia y rastreo (salarios y beneficios del personal militar activo no están incluidos en los costos) fueron como mínimo US$56,564 millones en el año fiscal 2000.⁵⁸

Aparte del GAO, investigadores de la RAND Corporation le han advertido al Pentágono que "un aumento mayor en el apoyo militar probablemente no disminuiría significativamente el consumo de drogas en los Estados Unidos", a causa de la estructura de ganancias del tráfico ilegal de drogas. RAND determinó que "sólo alrededor del diez por ciento del precio final de la cocaína proviene de los costos y ganancias del contrabando".⁵⁹ Los narcotraficantes pueden soportar grandes pérdidas a causa de las operaciones de interdicción sin tener que aumentarle al consumidor el precio de su producto. Esto contradice completamente una de las premisas principales de la estrategia contra las drogas del gobierno estadounidense de que más interdicción aumentaría el precio de drogas ilegales por encima del nivel que los consumidores de drogas pagarían.

El nivel de esfuerzo del Departamento de Defensa, o de cualquier organización, no se debe confundir con el éxito. El rendimiento y la eficacia no son sinónimos. El Pentágono, el Congreso y las agencias policiales continúan pregonando éxitos tácticos (decomisos de drogas, arrestos, destrucción de laboratorios) que contribuyen muy poco, quizás, a realmente disminuir el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos. Las agencias se han engañado a sí mismas y a sus grupos de votantes a creer que están logrando algo. Ninguna de las cosas que ellos miden surte un efecto en el consumo de drogas en el país hoy en día. Su nivel de esfuerzo es un indicio de su compromiso con la misión, no una medida del éxito. El programa actual y el nivel de esfuerzo no pueden mantener las drogas fuera de las cárceles, mucho menos fuera de las calles de nuestras ciudades.⁶⁰

Los riesgos relacionados con emplear las fuerzas militares para combatir las drogas caen dentro de varias categorías.

Un riesgo grave para la sociedad es la expansión del poder militar hacia las autoridades policiales civiles. El Congreso de Estados Unidos cada vez más ha empañado las diferencias que existen entre las fuerzas militares y las autoridades policiales. El primer paso legislativo para ampliar el rol del Pentágono en la guerra contra las drogas sucedió en 1981, cuando los legisladores enmendaron la Ley de Posse Comitatus de 1878 (Título 18, Código de EE.UU., Sección 1385, que declaró ilegal que los militares impusieran el derecho civil en los territorios o aguas estadounidenses) para permitir que los militares proveyeran equipo, información, adiestramiento y asesoramiento a las agencias policiales.

El Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, advirtió en 1985 que: "Depender de las fuerzas militares para llevar a cabo tareas civiles iba en contra tanto del apresto de los militares como del proceso democrático".⁶¹ Desde ese entonces, el Congreso ha continuado empujando cada vez más a los militares hacia la llamada "Guerra contra las drogas". La Directiva 221 de Seguridad Nacional de abril de 1986 del Presidente Reagan, convirtió al narcotráfico en una amenaza "letal" para los Estados Unidos. Esto abrió las puertas para más acciones directas en contra de los narcotraficantes y sus organizaciones.

Es importante recordar que las misiones de las autoridades policiales son intrínsecamente distintas a las misiones militares. Los agentes de las autoridades policiales utilizan la fuerza como último recurso. Los militares emplean la fuerza letal como su instrumento principal. No sólo constituye su medio principal para arreglar un conflicto, sino que los militares emplean una fuerza abrumante e indiscriminada para darle fin rápida y eficazmente a un conflicto. Esto tiene enormes implicaciones políticas y sociales en los civiles y los no combatientes.

El Pentágono acata reglas estrictas concebidas para mantener al personal militar del servicio activo fuera de problemas tanto legales como físicos. Al personal militar activo no se le permite actuar como el personal de las agencias policiales, para arrestar o capturar a nadie. "El personal militar es acompañado por la agencia policial que solicitó su apoyo, y no participan en decomisos o arrestos". Además, "se toman medidas para no mantener información de inteligencia relacionada con los ciudadanos estadounidenses".⁶² Esperamos que todos duerman mejor sabiendo que los militares estadounidenses no mantienen información de inteligencia relacionada con los ciudadanos estadounidenses—hasta ahora.

En vista de la violencia cada vez mayor a lo largo de las fronteras estadounidenses, varios legisladores han expresado que apoyarían una mayor presencia militar. Sorprendentemente, la defensora liberal de los derechos civiles, Dianne Feinstein de California, declaró que cada vez más se acercaba a la opinión de que tomaría una mayor participación por parte de los militares "para detener dichas incursiones" a lo largo de la frontera.⁶³

Un resultado del incremento de la militarización de la guerra contra las drogas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, es el caso de Ezequiel Hernández, Jr., un joven que fue matado a tiros por una unidad de Infantes de Marina estadounidenses que participaban en una vigilancia antidrogas a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. El 20 de mayo de 1997, según informes de la prensa estadounidense, el pastor de 18 años de edad, ciudadano estadounidense, fue perseguido y matado a tiros por una patrulla de Infantes de Marina. La unidad de Infantería de Marina no era supervisada por funcionarios de la agencia policial y al joven se le disparó y falleció bajo circunstancias "inusuales".

Este es un incidente aislado y horrible. No obstante, pone de ejemplo la diferencia entre las operaciones de las agencias policiales y las militares. Los agentes policiales están capacitados para proteger y defender vidas. Las fuerzas militares profesionales están capacitadas para combatir. La diferencia es muy explícita para Ezequiel y su familia. Lamentablemente, las diferencias no son tan explícitas para el pueblo estadounidense. El General Carlton W. Fulford, Comandante de la Primera Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina, admitió al The Washington Post, que "la muerte no hubiese sucedido si las agencias policiales civiles patrullaran la frontera".⁶⁴

Hasta el momento, el poder militar estadounidense no se ha "desencadenado" en el pueblo estadounidense. Pero las fuerzas militares de los Estados Unidos han tenido un impacto importante en otros países alrededor del mundo.

En diciembre de 1989, el Presidente George Bush utilizó las fuerzas armadas estadounidenses para encontrar y capturar al General Manuel Noriega en la República de Panamá. Su memorando rezaba: "Por este medio encomiendo y autorizo a las unidades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que capturen al General Manuel Noriega y cualquier otra persona en Panamá actualmente bajo acusación en Estados Unidos por ofensas relacionadas con las drogas". Además, el Presidente Bush autorizó al personal militar para "detener y arrestar" cualquiera que, en su opinión, merecía dicha acción.⁶⁵

En los países de Centro y Sudamérica, las democracias inexpertas están siendo amenazadas a medida que "asesores" militares estadounidenses y contratistas militarizan las organizaciones policiales civiles. El imperio de la ley y las libertades constitucionales son socavadas cuando las operaciones antidrogas de cumplimiento de la ley son arrebatadas de las manos de las autoridades civiles y se colocan en brazos de líderes nacionales militares. La "guerra contra las drogas" ha permitido que ciertos sectores en la política americana justifiquen el incremento de la represión en Estados Unidos y la intervención en el extranjero.

El gobierno estadounidense se disculpa por interferir en los asuntos internos de muchos países soberanos utilizando el pretexto de "guerra contra las drogas" u "operaciones de interdicción". "Coordinación y mejoramiento de la infraestructura" es el idioma de "doble sentido" de los militares estadounidenses y del Departamento de Estado para referirse a la interferencia interna.

En América Latina, la "cooperación" solicitada por los funcionarios estadounidenses a menudo es una imposición, o más frecuente aún, una violación a la soberanía nacional del país latino. La militarización cada vez mayor de los países anfitriones ha resultado en dinero, material y adiestramiento para la policía y unidades militares bajo el pretexto de la cooperación en expansión y construcción de la infraestructura para las operaciones multinacionales contra las drogas. El resultado de esta "cooperación" es que tiende a socavar las instituciones frágiles democráticas a la vez que refuerza y vuelve a legitimar el rol interno de los militares y la policía militarizada.⁶⁶ Países con historias de dictaduras militares represivas y violaciones a los derechos humanos podrían optar por sus tendencias no democráticas si a los militares se les otorga demasiado poder, demasiado rápido, para detener las drogas ilegales. Dos décadas de democratización latinoamericana podrían destruirse si se les devuelve demasiado poder a los militares en la forma de "ayuda antidroga".

Lección Uno. La iniciativa antidroga actual de
Estados Unidos no funciona

Las propias estadísticas del gobierno relatan la historia mucho mejor. La cantidad, disponibilidad, precio y pureza de las drogas ilegales son mejores para el "consumidor" hoy en día que décadas atrás. Todos los arrestos, capturas, sentencias obligatorias, muertes y destrucción han hecho muy poco para detener la marea de la disponibilidad y consumo en los Estados Unidos de las drogas ilegales. Desde la iniciativa extensa y costosa del gobierno estadounidense, ellos sólo pueden mostrar que, en ocasiones, arrestan grandes cantidades de personas, capturan cantidades significativas de drogas ilegales, decomisan montones de dinero en efectivo, numerosas armas y decomisan millones de dólares en pertenencias y posesiones. Pero, según sus propias estadísticas, no logran los resultados a largo plazo. Las operaciones de interdicción enfocadas hacia la oferta de drogas ilegales, no logran nada de importancia.

Lección Dos. La participación de los militares en
las operaciones de interdicción de drogas deben
reducirse drásticamente

El Departamento de Estado ha gastado miles de millones de dólares en vano en apoyo a la "guerra contra las drogas". Las fuerzas militares estadounidenses y las capacidades son un recurso en disminución. Lo que queda del poder militar en el inventario de Estados Unidos necesita estar preparado para pelear las "verdaderas guerras" del país y no sus llamadas "guerras contra las drogas".

Las fuerzas armadas de Estados Unidos es la fuerza militar más avanzada y capaz en la faz del planeta. No obstante, sus recursos en personal y equipo son limitados. Las reducciones en la fuerza y el presupuesto han infligido pérdidas en esta fuerza militar. Los compromisos en aumento en el extranjero, en respuesta a numerosas crisis, al igual que las dificultades en retener y reclutar personal de calidad, contribuyen al estrés en la fuerza.

Utilizar sistemas de armamento costosos y de baja densidad, tales como el AWACS E-3 y el EC-130H "Compass Hall" de la Fuerza Aérea, y el P-3 de la Armada, para operaciones de vigilancia antidroga no constituyen el uso óptimo de los recursos estratégicos estadounidenses. El desgaste de dichos sistemas, y el aumento en la corrosión ocasionada por el salitre y el agua, disminuye la expectativa del tiempo operacional total de estos valiosos aviones. Si las misiones contribuyeran a la defensa y seguridad de Estados Unidos, entonces el gasto valdría la pena. No obstante, en vista de que no hay resultados concretos de las operaciones de interdicción de drogas, disminuir el tiempo de vida de dichos aviones es un desperdicio de dinero de los contribuyentes.

Por lo tanto, los recursos militares que en la actualidad utilizan las agencias policiales antidrogas, deben evaluarse por su eficacia, contribución total y costo de la operación. Si dichos recursos no disminuyen significativamente la cantidad de drogas ilegales que entra a Estados Unidos (las estadísticas muestran explícitamente que el impacto es mínimo), entonces dichos recursos deben volver a su misión principal de conservar la defensa nacional.

Lección Tres. La "guerra contra las drogas" no
es ninguna guerra

La "guerra contra las drogas" no es una guerra y el pueblo americano en realidad no quiere enfrentarla como una guerra. Si la "guerra contra las drogas" se convirtiese en una "guerra verdadera", las restricciones en las libertades civiles y los derechos humanos serían intolerables e irrevocables. La implementación de la ley marcial, para controlar el movimiento, la reunión de ciudadanos y la responsabilidad de las poblaciones, todas medidas estándar durante tiempos de "guerra", sería política, social y moralmente inaceptable para la población en general. El que se le permitiera a las fuerzas militares "disparar al momento", sólo por sospecha, sería rutina. Las barricadas, los puntos de control, los allanamientos, las capturas—todas en nombre de la "guerra contra las drogas"—suspenderían los derechos humanos y del individuo de una manera antes vista desde la Segunda Guerra Mundial.

Una verdadera "guerra contra las drogas" necesitaría la cooperación y comunicación de los militares y de las agencias policiales a un nivel global que sonrojaría a George Orwell. Compartir inteligencia a un nivel internacional para derrotar al "enemigo" (los narcotraficantes, los consumidores de drogas y los toxicómanos) requeriría redes grandes de datos y de computadoras indagando en la información financiera y personal de todo aquel considerado sospechoso de consumir drogas. La suspensión de las libertades civiles y la privacidad sería sin precedentes. 

Con los militares a cargo, esta operación antidroga internacional estaría sumamente organizada y sería eficaz. Como organización conservadora, dispuesta a lograr la "misión", las fuerzas militares que participarían en las operaciones antidrogas probablemente pecarían de cautelosas. Para mantener la seguridad y el orden, en vista de que es una guerra, personas inocentes serían encarceladas de tiempo en tiempo. Al igual que en todas las "guerras" hay bajas en ambos lados—"amigos" (consumidores de drogas no ilegales) y los "enemigos" (consumidores de drogas ilegales). Las personas serían consideradas "culpables" hasta tanto se probase su inocencia, no "inocentes" hasta tanto se probase su culpabilidad, según el derecho civil actual. Eventualmente, las personas capaces de probar su inocencia serían puestas en libertad. No obstante, las familias, los negocios y las comunidades podrían verse interrumpidas en gran medida si el país decide "pelear" la "guerra contra las drogas".

Esta representación de la "guerra contra las drogas" pareciera ser extrema. Pero es a causa de la falta de claridad y la necesidad de simplificar demasiado que el pueblo americano y sus líderes electos han deambulado hacia la retórica de la guerra. Estados Unidos no ha librado una guerra en su territorio por más de 100 años. Este país libró sus guerras en las tierras de otros. Traerla a Estados Unidos tiene implicaciones que van más allá que las palabras. Las definiciones son importantes. La acción por parte de las agencias policiales y de los militares nunca deben sustituirse entre sí, sin antes tomar en cuenta detenidamente las ramificaciones. La guerra es un proyecto implacable.

Este estudio no resuelve el dilema de las drogas ilegales que enfrenta Estados Unidos. Sin embargo, sí sugiere que las fuerzas militares de este país se aprovecharían mejor si se retiraran de apoyar las operaciones antidroga. Las fuerzas militares estadounidenses deben estar capacitadas y aprestas para librar las "verdaderas" guerras del país. Hay suficientes recursos de agencias policiales en Estados Unidos para mantener la paz y la seguridad de sus comunidades. Quizás, con menos recursos, las agencias policiales podrían tornarse más innovadoras y buscar medios nuevos, y menos costosos, para contrarrestar el consumo de drogas ilegales. Demasiados recursos a menudo crean satisfacción. Malgastar dinero al tratar de recuperar pérdidas no es una solución.

La iniciativa antidrogas de los Estados Unidos de América ha apoyado arrolladoramente las iniciativas de reducción de la oferta sobre la reducción de la demanda. Este enfoque está fracasando. Quizás es tiempo de poner más esfuerzo en la reducción de la demanda y menos en el aspecto de la oferta. Es hora de quitarle la responsabilidad de la guerra de las drogas en América de las manos de los generales militares y entregársela al Inspector General de Sanidad. Quizás entonces encontraremos el camino a las soluciones, a largo plazo, de los problemas de las drogas ilegales.

Notas

1. Presupuesto Federal para las Drogas desde el año fiscal 1980. US Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos), Drug Control Administration (Administración de Control de Drogas), http:// www.usdoj.gov/dea/agency/staffing.htm.

2. General Hugh H. Shelton, Presidente, Junta de Jefes de Estado Mayor Conjunto, declaró durante un Foro de Estrategia Nacional en Chicago, Illinois, el 26 de marzo de 2001, que el Ejército de Estados Unidos es ahora el séptimo ejército más grande del mundo, sólo cuenta con 10 divisiones de servicio activo (antes eran 18) y que la Armada y la Fuerza Aérea han experimentado reducciones similares. Si bien el Ejército es 40% más pequeño, es desplazado un 300% más a menudo.

3. A National Security Strategy For a New Century (Una estrategia nacional para la seguridad para un nuevo siglo), The White House, diciembre de 1999, 11.

4. Ibid, 19.

5. Ibid, 19.

6. Ibid, 20.

7. Joseph F. Spillane, Did Prohibition Work? Reflections on the End of the First Cocaine Experience in the United States, 191-1945 (¿Funcionó la prohibición? Reflexiones al final de la primera experiencia con cocaína en Estados Unidos, 1910-1945), Informe RAND DRU-1243-DPRC (University of Florida, Center for Studies in Criminology and Law, noviembre de 1995), v.

8. Ibid, 1. 

9. Lester Grinspoon y James B. Bakalar, Cocaine: A Drug and its Social Evolution (Cocaína: Una droga y su evolución social) (New York: Basic Books Press, 1976), 43. Veáse también David F. Musto, "Lessons of the First Cocaine Experience" (Lecciones extraídas de la primera epidemia de la coacaína), The Wall Street Journal, 11 de junio de 1986.

10. Spillane, 3.

11. Joseph Spillane destaca el incremento en el consumo de la cocaína después de la Guerra Fría en regiones cuyos problemas con la cocaína eran pequeños. Dichas regiones incluyen gran parte de Europa, la Unión Soviética, India y Asia. 

12. Spillane, 15-16, 30.

13. Las fuentes más populares de cocaína para el público en general eran las numerosas preparaciones de tónicos y bebidas. Los vinos hechos de la coca (con dosis de cocaína entre 5 a 15 miligramos) y las bebidas de la coca (incluso la Coca Cola y la competencia con dosis tan mínimas como 2 miligramos) eran las más frecuentes y menos problemáticas para el consumidor. Para 1903, la Coca Cola "de-cocainizó" su producto y aumentó el contenido de cafeína. Spillane, 17-18, 33331.

14. Joseph D. McNamara, "Drug War Follies" (Revista de la guerra contra las drogas), Stanford, septiembre de 1994, 57.

15. Joseph D. McNamara, "The History of the United States Anti-Opium Policy" (Historia de la política de los Estados Unidos contra el opio), Federal Probation, junio de 1973, 15-21; "Drug War Follies", Stadford, septiembre de 1994, 57.

16. Joel L. Phillips y Ronald W. Wynne, Cocaine: The Mystique and the Reality (Cocaína: El misterio y la realidad) (New York: Avon Books, 1980), 102.

17. Spillane, 21.

18. Joel L. Phillips y Ronald W. Wynne, Cocaine: The Mystique and the Reality (Cocaína: El misterio y la realidad) (New York: Avon Books, 1980), 102.

19. Barry Stimmel, The Facts about Drug Use (Los hechos acerca del consumo de drogas) (New York: Hayworth Medical Press, 1993), 189-191.

20. Comisión del Presidente sobre la Aplicación de la Ley, 1986, 23.

21. En 1973, el presupuesto federal total para las drogas fue de US$70 millones. En el año fiscal 2000, el presupuesto de la DEA solamente fue de US$1,5 mil millones.

22. Joint Publication 3-07,4, Joint Counterdrug Operations (Operaciones Conjuntas Antidrogas), 17 de febrero de 1998, 1-1.

23. Linda Fournier, "Military Involvement in the Drug War: Just say No!" (La participación de los militares en la guerra contra las drogas: Digan ¡no!) (Curso Básico Núm. 5, Universidad Nacional para la Defensa, Colegio de Guerra Nacional, 1995), 2.

24. Joint Publication 3-07,4, Joint Counterdrug Operations (Operaciones Conjuntas Antidrogas), 17 de febrero de 1998, I-4—I-10.

25. US Department of Justice, Overview of International Criminal Organizations (Reseña de las organizaciones internacionales criminales) (Drug Enforcement Agency: http://www.usdoj.gov/dea/traffickers/overview.htm .

26. US Department of Justice, 1999 National Household Survey on Drug Abuse (Encuesta nacional por hogares en 1999 sobre el abuso de drogas) (DEA: http:// www.usdoj.gov/dea/concern/use.htm . Resulta interesante destacar que el abuso de las drogas en Estados Unidos alcanzó sus cifras más bajas en 1992 y ha aumentado consistentemente a los niveles actuales de consumidores/toxicómanos de drogas ilícitas en 1999.

27. Joseph D. McNamara, "Drug War Follies", Septiembre de 1994. 57.

28. Oficina del Poder Ejecutivo, Office of National Drug Control Policy (ONDCP) (Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas), Resume de datos relacionados con las drogas, abril de 1999, http//www.white housedrugpolicy.gov, NCJ-172873.

29. Ibid, U.S. Department of Justice, datos de la Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas) (DEA) y datos recopilados del despacho del Secretario de Defensa Adjunto para Operaciones Especiales/Conflictos de Baja Intensidad. 

30. ONDCP, National Drug Control Strategy, FY 2001 Budget Summary (Estrategia Nacional para el Control de Drogas, Resumen del Presupuesto para el Año Fiscal 2001) Estadísticas de las Drogas, http://www.usdoj.gov/ dea/stat/drugstats.htm. **Nota al pie de la página 35.

31. U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, Estadísticas relacionadas con las drogas, http//www.usdoj.gov/dea/stats/drugstats.htm.

32. Erick E. Sterling, Presidente, Criminal Justice Policy Foundation (Fundación de Política de Justicia Criminal), Institute for Policy Studies (Instituto para el Estudio de la Política), Washington, D.C.

33. A National Security Strategy for a New Century, diciembre de 1999, 15.

34. Ibid, 15.

35. ONDCP, "Performance Measures of Effectiveness: 2000 Report" (Medidas de la eficacia en el rendimiento: Informe del Año 2000), Apéndice A: Metas y Objetivos de la Estrategia 2000, A-1.

36. Jon T. Bryd, Mission Impossible: It´s Time to Pull the Militar Out of Drug Interdiction (Misión imposible: Es hora de retirar a los militares de las operaciones de interdicción de drogas), National Defense University (Universidad Nacional para la Defensa), Fort McNair, Washington, D.C., 1997, 3.

37. La ONDCP opina que en la actualidad hay 1,5 millones de consumidores de cocaína en América, según se publicó en el informe del Drug Policy Information Clearinghouse de abril de 1999. No obstante, un déficit importante del programa federal es que el gobierno de Estados Unidos en realidad no tiene idea de cuántos consumidores crónicos de drogas viven en la actualidad en América. El medio principal del gobierno para medir la cantidad de consumidores de drogas ilegales, aparte de los registros de arrestos de las agencias policiales, es la Encuesta Nacional por Hogares sobre el Consumo de Drogas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Toxicomanías (SAMHSA).

38. Byrd, 4.

39. La "Air Bridge Denial Strategy" (Estrategia de rechazo) surtió muy poco efecto en el precio y disponibilidad de la cocaína en Estados Unidos. 

40. Robert Newbeerry, Director de Política de Aplicación de la Ley y Apoyo al Control de Drogas del Departamento de Defensa, en su testimonio ante el Subcomité para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, clebrado el 9 de julio de 1997.

41. Acción Andina, Evaluación de las Iniciativas de Interdicción en los Andes: Un caso experimental del Puente Aéreo Rechazo, Instituto Transnacional, Cochabamba, Bolivia, mayo de 1999, 4-5.

42. Informe de Prensa del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, "Customs Reports Year 2000 Status of Cross-Border Inspection Program" (El Servicio de Aduanas Rinde su Informe del Año 2000 sobre la condición del Program de Inspección en las Fronteras), 15 de octubre de 1999.

43. Sanho Tree, "Colombia: A War Without End? (Colombia: ¿Una guerra sin fin? Instituto para Estudios de Política, Washington, D.C., 3.

44. C.P. Rydell y S.S. Everingham, "Controlling Cocaine" (Controlando la cocaína). Preparado por la ONDCP y el Ejército de Estados Unidos, Santa Monica, California: Drug Policy Research Center, RAND, 1994, 6.

45. Contraloría General, "Heavy Investment in Military Surveillance is not Paying Off" (Grandes inversiones en la viligancia militar no dan resultado), GAO/NSIAD-93-220, septiembre de 1993, 23.

46. ONDCP, National Drug Control Strategy, FY 2001 Budget Summary, 35. En este documento se informa que los gastos del DoD fueron de US!,142022 mil millones mientras que en el informe del Departamento de Defensa titulado "Fondos Antidogra del DoD desde el año fiscal 1991 hasta el 2002" se informó que los gastos totales para el año fiscal 2000 fueron de US$1,1591 mil millones,.

47. Las Cinco Metas de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas son las siguientes: 1) Educar y habilitar a los jóvenes de los Estados Unidos para que rechacen las drogas ilegales, así como el alcohol y el tabaco; 2) Aumentar la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos mediante una reducción sustancial de la criminalidad y la violencia relacionadas con las drogas; 3) Reducir los costos sanitarios y sociales de la toxicomanía para el público mediante un aumento en el servicio de tratamientos; 4) Proteger las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de Estados Unidos contra la amenaza de las drogas; 5) Cortar las fuentes extranjeras y nacionales de suministro de drogas.

48. Gastos recopilados de los documentos del Departamento de Defensa, provistos en un informe del Secretario Adjunto de la Defensa para Operaciones Especiales/Conflictos de Baja Intensidad (ASD-SO/LIC), titulado "Counterdrug Resource Detail by Goal (Includes OPTEMPO), Goal 4 – Shield America´s Frontiers, and Goal 5 – Break Drug Sources of Suply" (Informe detallado de los recursos, por meta, incluye las Metas 4 y 5).

49. ONDCP, National Drug Control Strategy, FY2001 Budget Summary, 38-39.

50. Programas, Recursos, Evaluaciones, Política y Apoyo en la Aplicación de la Ley, ONDCP, Operaciones Especiales/Conflictos de Baja Intensidad, brifin del 12 de marzo de 2001.

51. ONDCP, National Drug Control Strategy, FY 2001 Budget Summary, **Nota al pie de la página 35. 

52. Joseph Miranda, "War on Drugs: Military Perspectives and Problems" (La guerra contra las drogas: Perspectivas y Problemas Militares), The Drug Reform Coordination Network, Washington, D.C., enero de 2000, 3.

53. George Franke. "Federal Agencies Duplicate Efforts, Wage Costly Turf Battles" (Agencias federales duplican esfuerzos, luchan batallas costosas), The Washington Post, 8 de junio de 1997, A1.

54.  Stephen E. Flynn, PhD., "Drugs, Thugs, and Trade: Border Control in an Era of Hemispheric Economic Integration" (Las drogas, los bandoleros y el comercio: Control de la frontera en una era de integración económica hemisférica) ensayo preparado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores, 5 de febrero de 2000, 5.

55. General (jubilado) Barry McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional de la Casa Blanca para el Control de Drogas, en testimonio ante el Comité de la Cámara de Representantes sobre Reformas Gubernamentales, Subcomité sobre Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos, 24 de septiembre de 1999.

56. Contraloría General, "Heavy Investment in Military Surveillance is not Paying Off" (Grandes inversiones en la viligancia militar no dan resultado), GAO/NSIAD-93-220, septiembre de 1993, 21.

57. Ibid, 4, 15.

58. Documentos del ASD-SO/LIC, metas 4 y 5.

59. Peter Reuter, Gordon Crawford y Jonathan Cave, "Sealing the Borders: The Effect of Increased Military Participation in Drug Interdiction" (Sellando las fronteras: El resultado del incremento de la participación de los militares en la interdicción de las drogas), RAND Corporation, enero de 1988. 

60. Oficina del Poder Ejecutivo, Office of National Drug Control Policy (ONDCP) (Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas), Resume de datos relacionados con las drogas, abril de 1999, http//www.whitehousedrugpolicy.gov, NCJ-172873, 4.

61. The Defense Monitor, "The Pentagon’s War on Drugs: The Ultimate Bad Trip", Vol Xxi, Número 1, 1992.

62. Peter Zirnite, "Reluctant Recruits: The U.S. Military and the War on Drugs" (Reclutas reacios: Los militares de los estados unidos y la guerra contra las drogas), Washington Office on Latin America, Washington, D.C., agosto de 1997, 28.

63. The Miami Herald, "Border Areas are Overrun With Drugs, Rancher Says" (Granjero dice que las zonas fronterizas están inundadas de drogas), 1 de agosto de 1996, 3A.

64. Zirnite, 29.

65. Zirnite, 10-11.

66. Andina, 3-4. 

Colaborador