Plinio Apuleyo Mendoza está convencido de que las ONG que sirven
   de sustento a los informes del Departamento de Estado "no son tan
   inocentes como parecen". Un análisis con cariz de denuncia.
 

   Colombia es un país con pésima reputación  y mucho me temo que ella
   no sea inmerecida. ¿Cómo podemos pretender una buena imagen en el
   exterior si además de ser el primer productor y traficante de cocaína,
   somos el país con mayor número de secuestros, el segundo en
   asesinatos y el tercero en grados de corrupción? Además compartimos
   con Siria, Irak, Cuba y China y la antigua Yugoeslavia el triste
   calificativo de ser el país donde más violaciones se registran a los
   derechos humanos.

   Las estadísticas difundidas por diversas ONG y acogidas como veraces
   por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dan cuenta de
   que el 73% de las violaciones a los derechos humanos cometidas en
   Colombia corren por cuenta de los grupos paramilitares y un 5% por
   militares y policías, y en la medida en que se ha sostenido que los
   primeros actúan en connivencia con la Fuerza Pública el Estado
   resultaría responsable en un 78% de tales atropellos. Esta es la
   impresión que comparte la comunidad internacional, incluyendo en ella
   a los gobiernos norteamericano y de la Unión Europea.

   ¿Qué tan fiables son estas estadísticas y las denuncias que las
   acompañan? Muy pocos se lo preguntan, simplemente las dan por
   ciertas o ignoran de dónde provienen. O bien dan crédito a las ONG
   que las difunden, muchas de ellas muy conocidas internacionalmente
   como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. En el exterior se
   considera generalmente que las coincidencias registradas entre el
   informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado y los de
   las organizaciones atrás mencionadas son fruto de investigaciones
   paralelas, lo cual obviamente parece fortalecer sus conclusiones y
   denuncias, todas ellas agobiantes para Colombia.

   Según el informe del Departamento de Estado divulgado en 1999, "las
   fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo numerosos y serios
   abusos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, a un ritmo similar al de
   1998". Human Rights Watch llega a idéntica conclusión. Los dos
   informes aseguran además que altos oficiales del ejército cooperan con
   paramilitares.

   Naturalmente estas denuncias coincidentes han provocado inquietudes
   en la prensa y en el Congreso de los Estados Unidos. "El Ejército
   colombiano ligado a abusos", era el título de un comentario editorial
   del influyente The Washington Post. Diarios europeos tan respetables
   como Le Monde o El País de España dieron crédito a estos informes
   asegurándoles una amplia difusión.

   Fábricas de infundios

   Nadie en el ámbito internacional se ha tomado, sin embargo, el trabajo
   de averiguar de dónde salen estas acusaciones. Porque ni el
   Departamento de Estado ni Human Rights Watch o Amnistía
   Internacional realizan directamente en Colombia investigaciones de
   campo. Se limitan a reproducir los informes de algunas ONG cuyos
   objetivos y fachadas consideran muy respetables y a tomar nota de los
   cargos contra los militares recogidos por la llamada Unidad de
   Derechos Humanos de la Fiscalía. Nunca escuchan a los sindicados. De
   antemano los consideran culpables.

   Las ONG colombianas como el Centro de Investigaciones y Educación
   Popular, CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas y el Comité
   Intercongregacional Justicia y Paz, que en buena parte son responsables
   de estos informes, no son ni tan objetivas ni tan inocentes como
   parecen. La primera, financiada por la Compañía de Jesús, está
   integrada por sacerdotes cercanos a la Teología de la Liberación para la
   cual la condición de los pobres en el continente hace legítima la opción
   revolucionaria. En su folleto de presentación, esta ONG no tiene
   reparo en declarar: "El Cinep combina elementos del socialismo así
   llamado científico con elementos del socialismo asociativo". No
   olvidemos que el socialismo científico es la definición ideológica que
   Marx y Engels le dieron al comunismo para diferenciarse de los
   socialistas utópicos. Es la misma que se da a sí mismo el castrismo y
   los movimientos comunistas de todo el mundo, incluyendo a las Farc y
   al Eln. ¿Qué tan objetiva puede ser una ONG que comparte los
   principios y objetivos de la guerrilla colombiana?

   Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas está conformada por
   abogados cercanos al Partido Comunista Colombiano. Pertenece a las
   ONG de América Latina y del Caribe que en la llamada Declaración de
   Quito pidieron que "no se hiciera extensivo el calificativo de
   terrorismo a los actos de rebeldía de los pueblos contra los gobiernos".
   Y ésta, la de rebeldes políticos, es precisamente la condición que
   reivindican para sí mismas las organizaciones guerrilleras de Colombia
   cuyos métodos de lucha –asaltos, secuestros, minas quiebrapatas,
   bombas– quedan exonerados del calificativo de terroristas para ser
   vistos sólo como justificables actos de rebeldía. Esta ONG, adscrita a
   la Comisión Internacional de Juristas, cumple un papel de órgano
   consultivo de las Naciones Unidas, lo que le confiere un viso de
   respetabilidad.

   Justicia y Paz, ONG dirigida por el sacerdote Javier Giraldo Moreno,
   va por igual camino. Con su lista de infundios, muchos de ellos
   denunciados por mí, podrían llenarse dos libros. Me detengo en un solo
   caso: el del municipio de Carmen de Chucurí cuyo calvario tres
   periodistas colombianos –el recientemente fallecido Manuel Vicente
   Peña, Juan Carlos Pastrana, hermano del actual presidente de la
   república, y el suscrito– hemos estudiado debidamente. Tal vez lo
   ocurrido en esta población permita entender por qué los derechos
   humanos han sido utilizados entre nosotros como una arma de
   confrontación.

   Carmen de Chucurí es una aldea que vivió durante 30 años bajo la
   dominación de la guerrilla. Allí nació Gabino, actual jefe del Eln. En
   una de sus veredas murió en combate el cura guerrillero Camilo
   Torres. Durante tres décadas, los campesinos dieron hijos suyos a la
   guerrilla, trabajaron gratis un día a la semana para ella y se sometieron
   a un intenso adoctrinamiento. Hablaban con propiedad de la plusvalía y
   de lucha de clases.

   Un día llegó a hacerse cargo del puesto militar un joven oficial, el
   capitán Germán Pataquiva. Es un militar a quien conozco muy bien.
   Ferviente católico, a los 18 años no sabía si entrar al seminario o al
   Ejército, y cuando optó por lo último la tomó como un apostolado.
   Estudioso, ha hecho suya la divisa china de que "lo sutil vence a lo
   fuerte". Sostiene que la guerrilla es una rama del árbol frondoso de la
   subversión y que la manera más eficaz de impedir que prospere es
   cortando sus raíces, o sea el sustento popular. Al llegar, Pataquiva
   descubrió que estaba en tierra enemiga. Nadie le devolvía un saludo en
   la calle. Las muchachas que se convertían en novias de los soldados
   eran ajusticiadas por la guerrilla. El párroco Bernardo Marín, amigo de
   los guerrilleros, se negaba a darles la comunión a los soldados.

   Pacientemente, Pataquiva puso a su tropa no a combatir sino a hacer
   parques, caminos, salas comunales, escuelas. Se hizo amigo del alcalde
   Alirio Beltrán aún a sabiendas de sus nexos con la guerrilla. Se dedicó
   a visitar campesino por campesino y a resolverles sus problemas.
   "Llegó un momento en que todos me debían un favor", dice. El Eln,
   considerando que el alcalde se había dejado lavar el cerebro, lo citó al
   campamento del frente Capitán Parmenio y lo mató. Su cadáver fue
   encontrado sin uñas y con las piernas quemadas con ácido. Fue la gota
   que desbordó el vaso. El pueblo se sublevó contra el Eln. Estaba
   fatigado de impuestos, de adoctrinamiento y sobre todo del
   reclutamiento forzado de muchachos y de muchachas.

   Y la historia que sigue la viví de cerca: la guerrilla voló puentes y
   acueducto, quemó camiones de cacao y sembró de minas quiebrapatas
   las fincas. Por culpa de esas bombas hay muchos jóvenes y mujeres sin
   piernas en el pueblo.

   Cuando el terror no pudo doblegar a Carmen de Chucurí, la subversión
   puso en marcha contra el Capitán Pataquiva la mejor de sus armas: la
   guerra jurídica. Testigos falsos y con protección de identidad fueron
   movilizados por organizaciones de derechos humanos como Justicia y
   Paz para inundar de falsas denuncias la Fiscalía, la Defensoría del
   Pueblo y toda suerte de organizaciones internacionales. Desde
   entonces, Germán Pataquiva ha vivido un calvario. Ha sido acusado de
   147 homicidios, intimidación, terrorismo, torturas y desapariciones.
   Fue detenido por agentes del DAS e interrogado por fiscales sin rostro.
   Y nunca se le ha podido comprobar nada, por la simple razón de que
   nada de eso es cierto. Ha salido indemne de 10 investigaciones. Y no
   obstante, en informes publicados en el exterior, como el libro
   Terrorismo de Estado, estos cargos son dados por ciertos.

   Todo indica que las ONG internacionales han dado crédito a los
   informes de Justicia y Paz, en los cuales señala como paramilitares a
   los alcaldes de Carmen de Chucurí Jairo Beltrán y Timoteo Rueda, así
   como a quienes nos hemos ocupado de divulgar la verdad sobre este
   caso: el general en retiro Álvaro Valencia Tovar, el periodista Manuel
   Vicente Peña y yo mismo. Sobra advertir que ninguno de los
   mencionados hemos tenido relación alguna con las Autodefensas
   Campesinas u otra organización paramilitar, ni hemos escrito nada que
   pudiese resultarles favorable. No obstante, tomando como base el
   informe del padre Giraldo, el Eln atentó contra mi vida enviándome el
   24 de marzo de 1999 un libro bomba, y en la carta enviada a los
   medios para justificar esta llamada por ellos "acción militar de castigo"
   se me sindica de "ideólogo y propagandista de las políticas y violencia
   paramilitares".

   La guerra jurídica 

   En síntesis, Justicia y Paz pasa por alto los horrendos atropellos a los
   derechos humanos perpetrados por la subversión en Carmen de
   Chucurí y, en cambio, acusa de haberlos violado a personas inocentes.
   ¿Por qué deforma tan flagrantemente la verdad?, ¿a qué fines responde
   esta campaña?, ¿por qué esos informes tendenciosos son acreditados
   por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch?,
   ¿por qué también el Departamento de Estado los da por ciertos?

   Para responder a la primera pregunta, debo decir que la estrategia
   desarrollada por la subversión ha sido definida por sus dirigentes como
   la "combinación de formas de lucha". La más obvia es la que cumple su
   aparato militar siguiendo las pautas de la guerra. En el plano
   económico, sus fuentes de financiación son el narcotráfico, el
   secuestro y la extorsión. Pero todo eso no es sino la parte más conocida
   de su poder. La estrategia que desarrolla en el campo político pertenece
   a lo que el general Adolfo Carvajal, analista del fenómeno guerrillero,
   llama la "dimensión desconocida". Se trata de una verdadera guerra
   psicológica y jurídica cuyos medios más usuales son los siguientes:

   a)  La manipulación que hace del tema de derechos humanos para
      convertirlos en arma de guerra. Para ello se vale de varias ONG de
      su misma inspiración ideológica cuya labor es "empapelar" militares
      (hay más de 3.000 procesos en curso), valiéndose de testigos falsos
      o sin rostro, obligando a los oficiales a rendir indagatorias, explicar
      sus actuaciones y pagar abogados, creando en ellos un efecto
      altamente desmoralizador.

   b) La presión para obtener que ni legal ni constitucionalmente se
      expidan leyes o normas que hagan más eficaz la acción
      antisubversiva.

   c)  La infiltración en el poder judicial y en importantes entidades de
      fiscalización e investigación como son la Fiscalía, la Defensoría del
      Pueblo y, en menor grado, la Procuraduría.

   La manipulación de los derechos humanos a través de las ONG y la
   infiltración de funcionarios proclives a la subversión en la Fiscalía,
   especialmente en la Unidad de Derechos Humanos, ha permitido abrir
   procesos y en ocasiones dictar medidas de aseguramiento contra altos
   oficiales del Ejército y entre ellos, y no por casualidad, los que más
   éxitos y más efectividad demostraron en la lucha antisubversiva. los
   generales Farouk Janine Díaz, Rito Alejo del Río y Fernando Millán
   han sido víctimas de toda suerte de infundios y montajes. Después de
   haber sido varias veces condecorados por el Ejército de Estados
   Unidos, la embajada de ese país les retiró las visas "por actividades
   terroristas", pese a haber sido liberados de cargos por las autoridades
   judiciales en Colombia.

   Mientras la prensa colombiana ha guardado silencio frente a este
   estrambótico desafuero, ha sido una periodista del Wall Street Journal,
   Mary Anastasia O´Grady, la que ha salido en defensa de los tres
   generales. "Entrometido como está, Estados Unidos no compromete
   recursos, tiempo o voluntad política para investigar cuáles de estos
   alegatos son realmente creíbles –escribió la periodista–. Con un solo
   empleado de tiempo completo en la oficina de derechos humanos de la
   embajada de Estados Unidos de Bogotá, el Departamento de Estado se
   apoya en gran medida en los testimonios de las ONG. Y aunque un
   gran número de estas organizaciones no gubernamentales han
   expresado abiertamente que apoyan la política guerrillera, y
   demostrado una tendencia a reciclar acusaciones viciadas o ya
   desmentidas, Estados Unidos no cuestiona su veracidad".

   Todo esto forma parte de una guerra jurídica en la que aparecen
   implicados funcionarios de la Fiscalía y organizaciones no
   gubernamentales. La secuencia es muy hábil: dichas ONG entregan su
   informe a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá; al mismo
   tiempo se lo remiten a Human Rights Watch en Washington,
   organización que a su vez se lo entrega al Departamento de Estado. De
   modo que al recibir las mismas denuncias de dos fuentes aparentemente
   distintas, éste las asume como ciertas y las difunde con el sello de su
   propia respetabilidad a los cuatro vientos, Y lo peor: el Gobierno
   colombiano actúa ante ellas como un asustadizo culpable que desea
   borrar pecados.

   Lo grave del caso es que el señor José Miguel Vivanco, presidente de
   Human Rights Watch, marcha al compás del Cinep. Su libro sobre
   Colombia Guerra sin cuartel, contiene los más escabrosos sofismas a
   favor de la guerrilla. Podría citar 50 pero me limito a uno solo.
   Sostiene allí que acciones como la voladura de una central que
   suministra energía a una base militar no infringen el Derecho
   Internacional Humanitario. De modo que los atentados que están
   destruyendo la infraestructura energética no son actos terroristas sino
   legítimos actos de guerra. ¡Extraño concepto!

   Nos hallamos, pues, ante un montaje de grandes dimensiones, gracias al
   cual principios muy valiosos para la comunidad internacional son
   utilizados en Colombia como un arma de la confrontación a favor de la
   subversión y en contra de las Fuerzas Militares. Con infundios, los
   alzados en armas y sus amigos embozados dentro de las ONG, la
   Fiscalía y otros órganos del Estado han estado ganando la guerra
   jurídica. Sería hora de que el país, a través de sus misiones
   diplomáticas y de las ONG realmente imparciales, hiciera frente a estas
   manipulaciones. La verdad y sólo la verdad sería su mejor arma. Y no
   es lo que se ha hecho hasta ahora.