ARTICULO
Libertad de prensa

15 de noviembre de 2000 difusión inmediata

X Cumbre Iberoamericana
(Panamá - 17/18 de noviembre 2000)

En Cuba y Colombia, se vulnera con regularidad la libertad de prensa.
Esperanza de cambio en Perú

En otros seis Estados presentes en la Cumbre, la prensa tiene que hacer frente a amenazas serias
 

En tres de los veintiún Estados que participan en la X Cumbre iberoamericana, se vulneró con regularidad la libertad de prensa durante los doce últimos meses : Colombia, Cuba y Perú. En este último país, llegó la hora del cambio. En otros seis países, en Chile, en España, en Guatemala, en México, en Panamá y en Paraguay, esta libertad tiene que hacer frente a amenazas serias : violencia terrorista, legislaciones liberticidas, represión política. Desde la Cumbre de la Havana de noviembre de 1999, el balance es elocuente, Reporteros sin fronteras (RSF) censó : cinco periodistas asesinados, ocho encarcelados, cuarenta y dos detenidos, veintisiete exiliados, ciento veintiséis agredidos o amenazados y ciento cuarenta casos de presiones o trabas para impedir que la información circule. Si bien es cierto que en estos diez países, la libertad de prensa no se vulnera con igual gravedad, también es cierto que estos Estados tienen
en común el hecho de no cumplir o no hacer cumplir su "compromiso de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales" proclamado cada año en la declaración final de la Cumbre.

Colombia : la información secuestrada
Hoy, la amenaza contra la prensa ya no se debe tanto a los narcotraficantes sino a grupos armados, tanto de las Autodefensas unidas de Colombia (AUC - paramilitares), como de los grupos de guerrilla, las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de liberación nacional (ELN). Para ellos, los periodistas no son testigos neutrales del conflicto : sospechan que apoyan "al otro bando", y así los han convertido en "objetivos militares". Al parecer, estos grupos armados son responsables de la muerte Luis Alberto Rincón, Alberto Sánchez Tovar y Pablo Emilio Medina, asesinados entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.

Para obligar a los periodistas a que se autocensuren, estos grupos armados no sólo recurren al asesinato. El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, del periódico El Espectador, fue secuestrada por las AUC por haber acusado a varios de sus miembros respecto al asesinato de presos de una prisión de Bogotá. Tras amordazar a la periodista, atarla, drogarla y golpearla, la dejaron abandonada sin conocimiento diez horas más tarde a unos cien kilómetros de Bogotá. Según sus secuestradores, se trataba de "dar una buena lección" a los periodistas que critican sus operaciones. Treinta y ocho periodistas fueron secuestrados desde 1998, la mayoría de las veces por la guerrilla que de esta manera quiere obligar a sus redacciones a que publiquen un comunicado de prensa o denuncien las exacciones cometidas por el ejército y los paramilitares.

Las amenazas y agresiones también son frecuentes : según una encuesta de la Universidad de La Sabana, publicada en febrero de 2000, el 42,5 % de los periodistas interrogados afirman haber recibido amenazas durante su carrera. Y la situación sigue deteriorándose : en estos doce últimos meses, ocho eligieron el camino del exilio. Entre ellos, Francisco Santos, el famoso editor del periódico El Tiempo, dejó Bogotá, el 11 de marzo de 2000, tras descubrir que existía un plan de las FARC para asesinarlo. Al parecer éstas están hartas de que el periodista se comprometa en contra de los secuestros en Colombia (estimados en 3 000 en 1999).

Cuba : el único Estado en el que se encarcela a los periodistas
Actualmente, tres periodistas siguen encarcelados en Cuba : Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia de prensa independiente Línea Sur Press,condenado a seis años de cárcel en noviembre de 1997 por "injurias" al jefe del Estado ; Manuel Antonio González Castellanos, miembro de la agencia de prensa independiente Cuba Press, detenido el 1 de octubre de 1998 y condenado a dos años y siete meses de cárcel por "delito de injurias" al presidente Fidel Castro ; Jesús Joel Díaz Hernández, miembro de la Cooperativa Ávileña de Periodistas Independientes, condenado a cuatro años
de prisión en enero de 1999, por considerarse "socialemente peligroso" su trabajo de periodista.

En Cuba, donde la Constitución menciona que la libertad de prensa tiene que ser "conforme a los objetivos de la sociedad socialista", la única prensa autorizada es la prensa oficial. Este control también incluye Internet cuyo acceso se otorga a unos cuantos privilegiados seleccionados con el máximo cuidado. En este contexto, los periodistas independientes, unos cien reunidos en unas veinte agencias de prensa no reconocidas por las autoridades, siguen siendo objeto de presiones para obligarlos a abandonar sus actividades. Desde la última Cumbre, veintiséis recibieron amenazas de
diligencias judiciales, seis fueron agredidos o amenazados de agresión y se censaron treinta y siete detenciones, descontando las presiones ejercidas sobre sus familiares (desalojo de sus viviendas, amenaza de despido, acoso por teléfono, etc). Desde el mes de julio, Luis Alberto Rivera Leyva, director de la agencia APLO, fue amenazado, detenido o puesto bajo arresto domiciliario en ocho ocasiones. Diecinueve periodistas, acorralados, tomaron el camino del exilio desde el 1 de enero de 2000, elevando a cuarenta el número de los que tuvieron que dejar Cuba desde 1995. En el plano legal,
aunque la ley del 88 adoptada en marzo de 1999 no fue utilizada, sigue amenazando a cualquier persona que "colabora () con los medios de comunicación extranjeros" o "facilita informaciones" susceptibles de servir la política americana. El texto prevé hasta veinte años de encarcelamiento para los contraventores.

A pesar de la represión, las filas de los periodistas independientes aumentan : eran apenas un puñado a comienzos de los años 1990, hoy superan los cien gracias a la multiplicación de los sitios Internet que difunden sus artículos en el extranjero y gracias al reconocimiento que se les otorgó en la Cumbre iberoamericana de La Havana.

Perú : un hito aún por confirmar.
En Perú, la exclusión de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dio paso al cambio. Las negociaciones entabladas entre el gobierno y la oposición bajo los auspicios de la Organización de los Estados americanos (OEA) ya permitieron realizar avances significativos : la reforma del sistema judicial, el desmantelamiento del Servicio de Inteligencia y la restitución de su nacionalidad al principal accionista del canal de televisión Frecuencia Latina. Aunque RSF considera que estas decisiones constituyen "un primer paso bien encaminado", la organización permanecerá atenta a su plasmación en los hechos.

El 3 de noviembre, el Congreso peruano aprobó la supresión de las Comisiones ejecutivas del poder judicial que permitían al poder político intervenir en el funcionamiento del aparato judicial mediante un sistema de "jueces provisionales". Durante estos últimos años, la justicia se había convertido en un instrumento de control de la información o de sanción de los medios de comunicación "que constituyen trabas". A pesar de esta situación, no se cuestiona el mandato de los jueces provisionales que representan el 70% de la totalidad de los jueces, aunque existen sospechas en cuanto a la independencia de algunos. En mayo de 1999, dos jueces que acababan de tomar una decisión a favor de siete periodistas conocidos por sus investigaciones sobre el SIN fueron inmediatamente reemplazados por dos jueces provisionales que anularon enseguida la decisión de sus antecesores.

A finales de septiembre, el Congreso también votó a favor del desmantelamiento del SIN. Dirigido durante diez años por Vladimiro Montesinos, este servicio está implicado en numerosos casos relativos a redacciones y periodistas que criticaron al gobierno, al ejército o al SIN : escuchas telefónicas, amenazas de muerte o demandas judiciales, agresiones, campañas de difamación en la prensa popular, etc. Entre ellos, Cecilia
Valenzuela, directora de la agencia en línea imediaperu.com, fue agredida y perseguida durante varios días a comienzos de septiembre de 2000 tras haber publicado una série de artículos que denuncian la implicación del SIN en un caso de tráfico de armas y de droga. El Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), al que también se acusa de haber participado en varias exacciones, no fue desmantelado. RSF deplora que no se haya comanditado ninguna investigación relativa a las responsabilidades del SIN y del SIE en
las agresiones de las que fue víctima la prensa.

Por último, el 8 de noviembre de 2000, se anuló el decreto que le quitaba su nacionalidad al hombre de negocios de origen israelí y accionista mayoritario del canal televisivo Frecuencia Latina, Baruch Ivcher. Se firmó en julio de 1997, al día siguiente de la transmisión por Frecuencia Latina de un reportaje que acusaba al SIN en un caso de escuchas telefónicas. Entonces perdió el control de Frecuencia Latina en virtud de la legislación peruana que prohibe que un extranjero posea un medio de comunicación. Sin embargo el control del canal no se le restituyó a Baruch Ivcher. Pero, en este caso como en el de Genaro Delgado Parker, director del canal televisivo Red Global, a quien se retiró el control de su canal luego de haber afirmado que el chantaje en la publicidad permitía al gobierno dictar el contenido de los telediarios, la Comisión interamericana de los derechos humanos (CIDH) pidió que se les restituyera a ambos hombres su canal.

Chile, Panamá y Paraguay : la prensa frente al Estado.
En Panamá, país anfitrión de la Cumbre, en Chile, y en Paraguay, el Estado es quien sigue amenazando la prensa. En los dos primeros países, los textos heredados de la dictadura aún prevén penas de prisión para delitos de prensa. En el tercero, la prensa es víctima de la inestabilidad política.

En Panamá, Carlos Singares, el director del periódico panameño El Siglo fue encarcelado durante ocho días, a finales de julio, por orden del Procurador General de la Nación que consideró que un artículo publicado por el periódico "ofendía [su] dignidad, [su] honra y [su] rango". En Panamá, el artículo 33 de la Constitución, los artículos 173A, 175, 307 y 308 del Código Penal y los artículos 202 y 386 del Código Judicial prevén penas de encarcelamiento en casos de prensa. Unos cuarenta priodistas están actualmante demandados. El encarcelamiento de Carlos Singares contradice la
esperanca que nació a finales de noviembre de 1999, con la abrogación de las
leyes 11 y 68, llamadas "leyes mordazas", que preveían el cierre de los periódicos y multas importantes.

En Chile, la Ley de la Seguridad del Estado sigue vigente : diecisiete periodistas fueron detenidos y culpados en virtud de este texto desde 1990. Uno de ellos aún permanece exiliado. Adoptada en 1958, esta ley prevé hasta cinco años de cárcel por "injuria o calumnia" hacia los altos representantes del Estado. El 15 de febrero de 2000, José Ale fue condenado a dieciocho meses de "presidio remitido" (obligación de presentarse regularmente a las autoridades carcelarias para firmar un registro) por haber "injuriado" a Servando Jordan, ex presidente de la Corte Suprema, antes de que Ricardo Lagos lo indultara, el 6 de julio.

En Paraguay, las tensiones políticas hacen peligrar la libertad de prensa.
Al día siguiente del intento de golpe de Estado ocurrido el 18 de mayo de 2000, fue declarado el estado de emergencia durante quince días, en este periodo tres periodistas fueron encarcelados, un cuarto periodista recibió amenazas de detención y se cerraron dos radios. Tres meses después, cuando la elección del vicepresidente, las redacciones de las emisoras Ñanduti y Radio Primero de Marzo, recibieron amenazas o fueron objeto de agresiones por su cobertura del escrutinio.

España, Guatemala y México : la prensa víctima de la violencia.
En España, la situación de la libertad de prensa se ha deteriorado mucho con la cuestión vasca. El asesinato, el 7 de mayo de 2000, de José Luis López de Lacalle, cronista y miembro del consejo de redacción de la edición regional del periódico El Mundo en el País Vasco, se produjo tras un periodo de amenazas, de advertencias, de publicación de listas negras y se inscribe en una serie de atentados contra medios de comunicación y periodistas. Estos han sido atribuídos, la mayoría de las veces, al grupo armado independentista Euskadi ta Askatasuna (ETA) que en un comunicado publicado en febrero de 1999, llegó a tratar de "perros enemigos" a los periodistas
que informan o se expresan en contra de "la construcción de Euskal Herria (la tierra vasca)." Hoy la violencia sigue : cuatro redacciones de periódicos han sido el blanco de atentados desde el mes de mayo y dos periodistas han conseguido salvarse de nuevos intentos de asesinato. Actualmente unos cien periodistas se benefician de una protección oficial o privada. Para denunciar esta situación, este año RSF entregó su premio a Carmen Gurruchaga, del periódico El Mundo, víctima de la violencia
terrorista en repetidas ocasiones.

En Guatemala, se multiplican los actos de intimidación y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y contra los periodistas desde que el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) retomó el poder, a finales de 1999. Al menos seis periodistas fueron amenazados mientras realizaban encuestas sobre militares. Por otra parte, el 27 de abril, Roberto Martínez, fotógrafo del periódico Prensa Libre, fue asesinado mientras cubría motines en Guatemala Ciudad. El periodista resultó mortalmente herido por los tiros de un vigilante de un centro comercial saqueado por manifestantes.

En México, la violencia y las presiones son ante todo políticas. Cinco periodistas fueron amenazados o agredidos. Entre ellos, Jaime Avilés, colaborador del periódico La Jornada, recibió, el 21 de octubre de 2000, un mensaje de amenazas por correo electrónico tras haber acusado al gobernador del Estado de Tabasco, Roberto Madrazo, de estar implicado en un caso de corrupción. Por otra parte, dos periodistas fueron asesinados en los Estados fronterizos con Estados Unidos, zona habitual de tráficos de todo tipo. Se desconoce si estos crímenes están vinculados con sus actividades periodísticas.

Recomendaciones
RSF pide a los gobiernos de Colombia y de España que prosigan sus esfuerzos para identificar a los autores de los asesinatos de los profesionales de la información y para garantizar la seguridad de los periodistas.

RSF pide a las autoridades cubanas la liberación inmediata de los tres periodistas actualmente encarcelados, el reconocimiento de la libertad de prensa sin restricciones, el reconocimiento de las agencias de prensa independientes, y el fin del acoso y de los intentos de intimidación a periodistas independientes. La organización también pide a las autoridades cubanas que ratifiquen el Pacto internacional relativo a los derechos
civiles y políticos (PIDCP).

RSF pide a las autoridades peruanas que ordenen una investigación sobre la responsabilidad del SIN y del SIE en cuanto a las presiones de las que fueron víctimas varios medios de comunicacion y periodistas durante estos últimos años. La organización también pide que se restituya a Baruch Ivcher y a Genaro Delgado Parker, el control de su canal, tal y como lo prevén las resoluciones de la CIDH.

RSF pide a las autoridades panameñas y chilenas que supriman las penas de encarcelamiento para los delitos de prensa, y que supriman los delitos de "injuria" o de "desacato". La organización recuerda que, en un documento del 18 de enero de 2000, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión afirmó que "la pena de prisión como condena de la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos". Además, en su Declaración de principios sobre la libertad de expresión adoptada en octubre de 2000, la CIDH considera que las "leyes de desacato atentan contra la libertad de prensa y el derecho a la información".

RSF pide a los gobiernos de Guatemala, de México y de Paraguay que investiguen los casos de agresiones o de amenazas a periodistas y tomen medidas para garantizar la seguridad de estos últimos. Por otra parte pide a las autoridades de Paraguay que respeten la libertad de prensa en cualquier circunstancia.

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