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Libertad de prensa
15 de noviembre de 2000 difusión inmediata X Cumbre Iberoamericana En Cuba y Colombia, se vulnera con regularidad la libertad de prensa. En otros seis Estados presentes en la Cumbre, la prensa tiene que hacer frente a amenazas serias
en común el hecho de no cumplir o no hacer cumplir su "compromiso de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales" proclamado cada año en la declaración final de la Cumbre. Colombia : la información secuestrada Para obligar a los periodistas a que se autocensuren, estos grupos armados no sólo recurren al asesinato. El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, del periódico El Espectador, fue secuestrada por las AUC por haber acusado a varios de sus miembros respecto al asesinato de presos de una prisión de Bogotá. Tras amordazar a la periodista, atarla, drogarla y golpearla, la dejaron abandonada sin conocimiento diez horas más tarde a unos cien kilómetros de Bogotá. Según sus secuestradores, se trataba de "dar una buena lección" a los periodistas que critican sus operaciones. Treinta y ocho periodistas fueron secuestrados desde 1998, la mayoría de las veces por la guerrilla que de esta manera quiere obligar a sus redacciones a que publiquen un comunicado de prensa o denuncien las exacciones cometidas por el ejército y los paramilitares. Las amenazas y agresiones también son frecuentes : según una encuesta de la Universidad de La Sabana, publicada en febrero de 2000, el 42,5 % de los periodistas interrogados afirman haber recibido amenazas durante su carrera. Y la situación sigue deteriorándose : en estos doce últimos meses, ocho eligieron el camino del exilio. Entre ellos, Francisco Santos, el famoso editor del periódico El Tiempo, dejó Bogotá, el 11 de marzo de 2000, tras descubrir que existía un plan de las FARC para asesinarlo. Al parecer éstas están hartas de que el periodista se comprometa en contra de los secuestros en Colombia (estimados en 3 000 en 1999). Cuba : el único Estado en el que se encarcela a los periodistas En Cuba, donde la Constitución menciona que la libertad de prensa tiene que ser "conforme a los objetivos de la sociedad socialista", la única prensa autorizada es la prensa oficial. Este control también incluye Internet cuyo acceso se otorga a unos cuantos privilegiados seleccionados con el máximo cuidado. En este contexto, los periodistas independientes, unos cien reunidos en unas veinte agencias de prensa no reconocidas por las autoridades, siguen siendo objeto de presiones para obligarlos a abandonar sus actividades. Desde la última Cumbre, veintiséis recibieron amenazas de A pesar de la represión, las filas de los periodistas independientes aumentan : eran apenas un puñado a comienzos de los años 1990, hoy superan los cien gracias a la multiplicación de los sitios Internet que difunden sus artículos en el extranjero y gracias al reconocimiento que se les otorgó en la Cumbre iberoamericana de La Havana. Perú : un hito aún por confirmar. El 3 de noviembre, el Congreso peruano aprobó la supresión de las Comisiones ejecutivas del poder judicial que permitían al poder político intervenir en el funcionamiento del aparato judicial mediante un sistema de "jueces provisionales". Durante estos últimos años, la justicia se había convertido en un instrumento de control de la información o de sanción de los medios de comunicación "que constituyen trabas". A pesar de esta situación, no se cuestiona el mandato de los jueces provisionales que representan el 70% de la totalidad de los jueces, aunque existen sospechas en cuanto a la independencia de algunos. En mayo de 1999, dos jueces que acababan de tomar una decisión a favor de siete periodistas conocidos por sus investigaciones sobre el SIN fueron inmediatamente reemplazados por dos jueces provisionales que anularon enseguida la decisión de sus antecesores. A finales de septiembre, el Congreso también votó a favor del desmantelamiento del SIN. Dirigido durante diez años por Vladimiro Montesinos, este servicio está implicado en numerosos casos relativos a redacciones y periodistas que criticaron al gobierno, al ejército o al SIN : escuchas telefónicas, amenazas de muerte o demandas judiciales, agresiones, campañas de difamación en la prensa popular, etc. Entre ellos, Cecilia Por último, el 8 de noviembre de 2000, se anuló el decreto que le quitaba su nacionalidad al hombre de negocios de origen israelí y accionista mayoritario del canal televisivo Frecuencia Latina, Baruch Ivcher. Se firmó en julio de 1997, al día siguiente de la transmisión por Frecuencia Latina de un reportaje que acusaba al SIN en un caso de escuchas telefónicas. Entonces perdió el control de Frecuencia Latina en virtud de la legislación peruana que prohibe que un extranjero posea un medio de comunicación. Sin embargo el control del canal no se le restituyó a Baruch Ivcher. Pero, en este caso como en el de Genaro Delgado Parker, director del canal televisivo Red Global, a quien se retiró el control de su canal luego de haber afirmado que el chantaje en la publicidad permitía al gobierno dictar el contenido de los telediarios, la Comisión interamericana de los derechos humanos (CIDH) pidió que se les restituyera a ambos hombres su canal. Chile, Panamá y Paraguay : la prensa frente al Estado. En Panamá, Carlos Singares, el director del periódico panameño El Siglo fue encarcelado durante ocho días, a finales de julio, por orden del Procurador General de la Nación que consideró que un artículo publicado por el periódico "ofendía [su] dignidad, [su] honra y [su] rango". En Panamá, el artículo 33 de la Constitución, los artículos 173A, 175, 307 y 308 del Código Penal y los artículos 202 y 386 del Código Judicial prevén penas de encarcelamiento en casos de prensa. Unos cuarenta priodistas están actualmante demandados. El encarcelamiento de Carlos Singares contradice la En Chile, la Ley de la Seguridad del Estado sigue vigente : diecisiete periodistas fueron detenidos y culpados en virtud de este texto desde 1990. Uno de ellos aún permanece exiliado. Adoptada en 1958, esta ley prevé hasta cinco años de cárcel por "injuria o calumnia" hacia los altos representantes del Estado. El 15 de febrero de 2000, José Ale fue condenado a dieciocho meses de "presidio remitido" (obligación de presentarse regularmente a las autoridades carcelarias para firmar un registro) por haber "injuriado" a Servando Jordan, ex presidente de la Corte Suprema, antes de que Ricardo Lagos lo indultara, el 6 de julio. En Paraguay, las tensiones políticas hacen peligrar la libertad de prensa. España, Guatemala y México : la prensa víctima de la violencia. En Guatemala, se multiplican los actos de intimidación y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y contra los periodistas desde que el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) retomó el poder, a finales de 1999. Al menos seis periodistas fueron amenazados mientras realizaban encuestas sobre militares. Por otra parte, el 27 de abril, Roberto Martínez, fotógrafo del periódico Prensa Libre, fue asesinado mientras cubría motines en Guatemala Ciudad. El periodista resultó mortalmente herido por los tiros de un vigilante de un centro comercial saqueado por manifestantes. En México, la violencia y las presiones son ante todo políticas. Cinco periodistas fueron amenazados o agredidos. Entre ellos, Jaime Avilés, colaborador del periódico La Jornada, recibió, el 21 de octubre de 2000, un mensaje de amenazas por correo electrónico tras haber acusado al gobernador del Estado de Tabasco, Roberto Madrazo, de estar implicado en un caso de corrupción. Por otra parte, dos periodistas fueron asesinados en los Estados fronterizos con Estados Unidos, zona habitual de tráficos de todo tipo. Se desconoce si estos crímenes están vinculados con sus actividades periodísticas. Recomendaciones RSF pide a las autoridades cubanas la liberación inmediata de los tres periodistas actualmente encarcelados, el reconocimiento de la libertad de prensa sin restricciones, el reconocimiento de las agencias de prensa independientes, y el fin del acoso y de los intentos de intimidación a periodistas independientes. La organización también pide a las autoridades cubanas que ratifiquen el Pacto internacional relativo a los derechos RSF pide a las autoridades peruanas que ordenen una investigación sobre la responsabilidad del SIN y del SIE en cuanto a las presiones de las que fueron víctimas varios medios de comunicacion y periodistas durante estos últimos años. La organización también pide que se restituya a Baruch Ivcher y a Genaro Delgado Parker, el control de su canal, tal y como lo prevén las resoluciones de la CIDH. RSF pide a las autoridades panameñas y chilenas que supriman las penas de encarcelamiento para los delitos de prensa, y que supriman los delitos de "injuria" o de "desacato". La organización recuerda que, en un documento del 18 de enero de 2000, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión afirmó que "la pena de prisión como condena de la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos". Además, en su Declaración de principios sobre la libertad de expresión adoptada en octubre de 2000, la CIDH considera que las "leyes de desacato atentan contra la libertad de prensa y el derecho a la información". RSF pide a los gobiernos de Guatemala, de México y de Paraguay que investiguen los casos de agresiones o de amenazas a periodistas y tomen medidas para garantizar la seguridad de estos últimos. Por otra parte pide a las autoridades de Paraguay que respeten la libertad de prensa en cualquier circunstancia. |
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